Los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Vivas y Juan José Imbroda, y los parlamentarios nacionales de ambas ciudades, todos ellos también del PP, se verán durante la segunda semana de abril para concretar cómo materializar la resolución aprobada en el Pleno a instancias de Caballas para "promover una iniciativa conjunta que tenga por finalidad consolidar y garantizar, mediante Ley, las transferencias y ayudas o cualesquiera otras medidas, establecidas o que se establezcan, para atender las singulares necesidades, de carácter estructural, que, en nuestras dos ciudades concurren en las áreas de servicios sociales, políticas activas de empleo, educación, vivienda, suministros básicos, transportes y desarrollo económico, entre otras".

Según han explicado este jueves Juan Vivas, Guillermo Martínez y Fatima Mohamed, el líder del Ejecutivo melillense ve "perfecta" la iniciativa, a la que ahora toca dar forma para llevarla a las Cortes Generales.

Aunque el presidente ceutí ha advertido que no es más que una "especulación" pendiente de consensuar con Melilla, Vivas ha apuntado que el próximo paso podría ser una Proposición No de Ley como "gesto político de categoría" para instar a diputados y senadores a pronunciarse antes de pomover una iniciativa legislativa o, directamente, un Proyecto de Ley.

"De momento hemos dado un paso importante que es saber que Melilla está de acuerdo y, sin precipitar los acontecimientos, hay que ver cómo seguir avanzando con un tema vital para ambas ciudades pero en el que no partimos de cero porque durante la última legislatura hemos mejorado en cerca de 40 millones nuestra financiación autonómica y local, hemos recuperado ayudas finalistas que se habían perdido en ámbitos como Educación o Asuntos Sociales y hemos conseguido la compensación del IPSI por Hidrocarburos", ha recordado Vivas.

La propuesta que Caballas elevó al Debate sobre el Estado de la Ciudad parte de la necesidad de "buscar una respuesta estructural a un problema estructural" que sirva para "compensar las desigualdades estructurales que acosan a Ceuta y Melilla" a través de "una Ley propia que las blinde de los vaivenes político y que garantice su ejecución a largo plazo, hasta tanto en cuanto las desigualdades persistan".

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