OBLIGACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO

Un informe avala la viabilidad de obligar a las navieras a ofrecer al menos una rotación barata al día

Un informe avala la viabilidad de obligar a las navieras a ofrecer al menos una rotación barata al día
La iniciativa necesita que el Gobierno central apruebe un Real Decreto.
La iniciativa necesita que el Gobierno central apruebe un Real Decreto.  

El informe jurídico externo encargado a mediados de octubre del año pasado por el Gobierno de la Ciudad a través de Procesa al bufete ‘Gómez Acebo & Pombo Abogados’ sobre la posibilidad de obligar a las navieras que operan en la línea marítima entre Ceuta y Algeciras a ofrecer al menos una rotación diaria a precios reducidos para todos los pasajeros ve legalmente viable la iniciativa a la luz de la reglamentación nacional y europea vigente.

Para conseguirlo será necesario que el Ejecutivo de la Nación apruebe un Real Decreto en ese sentido, ya que tampoco encuentra impedimentos irresolubles en materia de competencia y de posible lesión en las cuentas de resultados de las operadoras.

Esa es la conclusión, según las fuentes conocedoras del contenido del dictamen consultadas por Ceutaldia.com, a la que ha llegado el informe, que la consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani, prevé trasladar al resto de partidos con representación institucional en septiembre.

El presidente de la Ciudad incluyó el año pasado entre sus “deberes” urgentes el de recabar asesoramiento jurídico especializado sobre una propuesta para “incorporar como obligación de servicio público a cada una de las tres compañías operadoras la realización de una rotación diaria, trayecto de ida y vuelta, a un precio no superior a 30 euros”, bonificaciones no incluidas.

El Gobierno local explicó que “siguiendo la recomendaciones de Procesa” se estimó pertinente pedir “asesoramiento técnico especializado” para “justificar y plantear ante las instancias competentes”, la citada propuesta “habida cuenta la envergadura y complejidad que el asunto tiene”. El Ejecutivo se comprometió igualmente a remitir los resultados de las consultas efectuadas “a los distintos grupos de la Asamblea”.

La elaboración del informe se encargó directamente por cerca de 20.000 euros al despacho madrileño, “un bufete de reconocido prestigio en el mundo del derecho administrativo y la competencia, por lo que lo determinante no puede ser el precio”, según argumentó Procesa para justificar que no saliese a concurso.

Tras descartar definitivamente cualquier posibilidad de impulsar directa o indirectamente con capital público una nueva naviera capaz de ofrecer precios más reducidos, el Gobierno de Vivas puso en sus manos el análisis de la viabilidad legal de incrementar las obligaciones de servicio público a las compañías que operan entre Ceuta y Algeciras.

Hace casi diez años, un Real Decreto estableció que la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante vincula las navegaciones de interés público "con la finalidad de garantizar la suficiencia de los servicios de transporte regular para los territorios españoles no peninsulares" y atribuyó al Gobierno, en el ámbito de las competencias del Estado, la posibilidad de “adoptar medidas tendentes a lograr dicho fin, cuales son las obligaciones de servicio público y los contratos de navegación de interés público”.

Dicha regulación se consideró “plenamente conforme” con el Reglamento europeo por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros cuando en uno de sus considerandos permite la introducción de determinadas obligaciones a los navieros a fin de garantizar la suficiencia de servicios de transporte regular con territorios no peninsulares, siempre que no existan distinciones por motivos de nacionalidad o residencia”.