A punto de cumplirse (será este sábado) nueve meses desde que el portavoz del Gobierno ceutí, Guillermo Martínez, dio la sorpresa y el pasado 24 de junio anunció que el Ejecutivo ceutí daría ejemplo de transparencia publicando las declaraciones de bienes e intereses de todos sus integrantes, el Consejo de Ministros atropellará este viernes las reticencias a hacerlo de Vivas y los suyos, que el 16 de diciembre dijeron "no saber" por qué han faltado a su promesa.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este mediodía el anteproyecto de la denominada Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, una norma que Zapatero nunca llegó a poner en marcha y que establecerá una serie de principios éticos generales y de obligaciones concretas para los miembros del Ejecutivo, los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal.

La Ley obligará cuando lo sea, se calcula que en el plazo de unos cuatro meses, a informar en qué gastan el dinero público los políticos y permitirá a los ciudadanos consultar a través de una web las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos.

El próximo lunes se abrirá un plazo de diez días para que los ciudadanos hagan aportaciones al texto a través de webs institucionales. El Gobierno de Rajoy ha informado que está ultimando el 'Portal Digital de la Transparencia', al que los ciudadanos podrán dirigir su solicitud de información y que recogerá datos relativos a concursos, subvenciones o sueldos de los altos cargos. Se pretende que este portal esté en marcha cuando acabe el proceso legislativo, que durará unos 100 días. A través de este portal, los ciudadanos podrán acceder a informaciones que no estén publicadas, dirigiendo la correspondiente solicitud.

La norma tipificará como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos e impondrá sanciones a los políticos que oculten facturas, incumplan el límite de déficit público o no aporten la documentación requerida por los tribunales o los órganos de fiscalización contable.

A través de una diposición adicional que modificará el Código Penal, los incumplidores que despilfarren el dinero público incurrirán en un delito que se castigará con una pena que podría alcanzar los seis años de inhabilitación para los cargos que sobrepasen el presupuesto aprobado.

El secretario general del PSOE hizo formalmente pública su declaración de bienes durante la campaña de las últimas elecciones autonómicas y el Gobierno de España socialista promovió la publicación de las de todos los integrantes de las Cortes Generales. El resto de políticos ceutíes sólo han dado pasos en ese sentido verbalmente, en algunos casos con triquiñuelas.

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