La candidata a la Presidencia de la Ciudad de Por un Mundo Más Justo (PUM+J), Boutaina Hanine, ha visitado este martes la sede de la Asociación Al Ambar en el Príncipe para conocer de primera mano la situación de las 'Madres Invisibles', las mujeres (también algún hombre) que tras casarse con españoles han visto denegados sus permisos de residencia por no poder acreditar medios económicos suficientes a ojos de la Administración para sostenerse pese a tener hijos españoles en algunos casos con cerca de 20 años de edad.

La presidenta de la entidad, Habiba Abdelkader, y otros impulsores de la Plataforma Ciudadana recién constituida han explicado a Hanine la problemática y han obtenido su compromiso de colaborar en lo que esté dentro de sus posibilidades.

'Madres Invisibles' quiere centrar su acción social y jurídica en la defensa de "los derechos constitucionales de los hijos de estas mujeres que son españoles". "Sus madres se ven discriminadas por ser pobres, ya que quien ha dispuesto de recursos para judicializar la retirada de los permisos de residencia ha conseguido derogarla en los Juzgados", han indicado.

El colectivo va a pedir una cita con el Área de Menores de la Ciudad y con la Delegación del Gobierno. Además, no descarta recurrir a continuación a la Fiscalía de Menores o al Parlamento andaluz aprovechando la mano tendida que durante una visita a Ceuta les ofreció el actual vicepresidente de la Junta, Juan Marín, de Ciudadanos.

'Madres Invisibles' reúne a cónyuges de todas las edades, en algunos casos con familias numerosas íntegramente españolas, que ven la ciudad autónoma convertida en una cárcel: no pueden, claro, viajar a la Península y al salir a Marruecos se exponen a que la Policía, al regresar, les vete la entrada, como ya ha sucedido en ocasiones. En la ciudad, "han quedado privados de todos sus derechos civiles [Sanidad, Educación, acceso a ayudas sociales...] con la reforma de la Ley de Extranjería operada con los Gobiernos de Rajoy, que vincula la concesión y la renovación de la tarjeta de residencia de los ciudadanos extranjeros, incluso los de larga duración, a la capacidad económica de los mismos o de sus cónyuges".