Aparentemente más frustrado por el tono y el contenido de la crítica que airado, el consejero de Programación y Relaciones con las Administraciones del Gobierno ceutí, Francisco Márquez, se ha visto obligado este jueves a hacer un viaje en el tiempo para repasar uno de los asuntos que pasó por sus manos el año pasado, la venta de una parcela pública en Huerta Molino a la empresa 'Edificios Clásicos del Revellín', en cuyos entresijos ha apreciado "amiguismo" y una presunta "prevaricación" la coalición Caballas.

Para empezar, el también diputado nacional ha considerado la comparecencia de los localistas la enésima "salida de tono" del primer grupo de la oposición en la Asamblea, que le ha amenazado con los Tribunales por darle 6 meses más de plazo a Bulaix para pagar la cantidad por la que se le había adjudicado el solar (3 millones de euros).

"Caballas siembra de forma lamentable el alarmismo sin atender al contexto, como si fuese ajena al mundo y a las circunstancias que nos rodean y singularmente a la restricción del crédito, que ha hecho que a todos se nos haya venido el tiempo encima con este procedimiento", ha argumentado. "Se puede estar más o menos de acuerdo con cómo se ha gestionado el expediente administrativo, pero no amenazar constantemente con procesos penales por cualquier gestión que no guste a los líderes de la coalición", ha criticado.

Según Márquez, el adquiriente de la parcela, "que fue el único que se presentó a su adjudicación", alegó desde el primer momento que los bancos estaban "a punto" de financiar la operación. "Con la crisis se le vino el mundo encima y tanto Emvicesa como el Gobierno entendimos que lo más ventajoso era intentar materializar el cobro de los tres millones de euros, que estaban presupuestados y hubiesen salvado en gran parte la liquidación del año pasado", ha recordado.

Para conseguirlo, el consejero ha reconocido en declaraciones a Ceutaldia.com que se fue todo lo "flexible" que se pudo con los requerimientos del pliego. "La empresa nos comunicó regularmente que seguía intentando conseguir el dinero hasta que, en febrero, Intervención dio sus consignas [quedarse la fianza e imponer una penalización de 750.000 euros a la empresa por no cumplir su parte del acuerdo] cuando ya parecía imposible", ha proseguido Márquez, "ante lo que se nos ha anunciado la posible interposición de una demanda contra el contenido de los pliegos".

La "curiosa" vara de medir de Aróstegui

"Aquí no se ha eximido a nadie de pagar nada, pero antes de desencadenar un enfrentamiento judicial, porque es obvio que la empresa no va a pagar la sanción sin recurrir a los Tribunales, la Ciudad ha hecho todo lo posible para cobrar los 3 millones, sin ningún tipo de amiguismo de por medio", ha zanjado Márquez, quien ha dejado igualmente claro que, si la Justicia da la razón a la Ciudad finalmente, "la penalización deberá ser abonada".

"Resulta curioso", ha terminado el consejero, "que los ataques de Aróstegui como diputado autonómico se produzcan de forma especialmente asidua contra los empresarios que mantienen algún tipo de disputa con el sindicato Comisiones Obreras y no aplique el mismo rigor con todos".

Lea también:

- Caballas denuncia una presunta "prevaricación" de Márquez en favor de Bulaix con un solar público