El Gobierno de Marruecos ha valorado por vez primera de forma pública la decisión de España de expulsar a los 116 migrantes subsaharianos que entraron en Ceuta el pasado 22 de agosto usando métodos violentos, en virtud de un acuerdo de 1992 con el país  vecino. Una expulsión que para el portavoz del Gobierno marroquí, Mustafa Jalfi, es "un mensaje fuerte a las redes de emigración clandestina" para que sepan que "lo que estas redes hacen tiene consecuencias".

Pero, pese a secundar la idea del ministro de Interior español, Fernando Grande-Marlaska, que habló de mensaje a las mafias en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, el portavoz del Gobierno del Reino Alauí no ha aclarado si marruecos seguirá aplicando, rechazando comprometerse explícitamente con el "Acuerdo de readmisión de extranjeros entrados ilegalmente" firmado en 1992 por el entonces ministro de Interior, el socialista José Luis Corcuera.

Desde el Gobierno español, en cambio, se ha insistido en que la medida se aplicará en los casos en los que se use la violencia para entrar en el país de forma irregular. Un aviso que desde Ceuta, la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, subrayó avisando que quien entre de formas violenta, “tendrá el mismo pago”.