La alegación presentada por Delegación del Gobierno a la ordenanza aprobada por el Pleno de la Asamblea que prevé que viviendas ilegales puedan de forma provisional y excepcional contratar suministros básicos en tanto en cuanto se resuelve su situación es también excepcional. La alegación firmada por el propio titular de la plaza de los Reyes, Francisco Antonio González, la interpretó Caballas el martes como la muestra pública de la guerra interna que mantienen González y Vivas por el control del PP. El portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, reveló este martes que desde que él está en el Gobierno no recuerda que Delegación del Gobierno hubiera presentado alegación alguna a ordenanzas municipales.

Preguntado por la cuestión contestó con un escueto “no lo recuerdo, personalmente”, que acto seguido matizó cuando ya se le estaba preguntado por otra cuestión. “El hecho de que no lo recuerde… A lo mejor no se ha producido o a lo mejor sí. Los periodos de exposición pública están para eso y la Delegación del Gobierno lo puede hacer”.

La cuestión planteada por Delegación en base a un informe de la Abogacía del Estado plantea dudas jurídicas a la legalidad de la ordenanza que prevé facilitar el acceso a la luz y el agua a unas 500 viviendas que se encuentran en situación irregular y cuya situación en el ordenamiento urbanístico las aboca en la práctica a la desaparición obligando a sus inquilinos a buscar otro techo. Inquilinos en muchos casos en situación de exclusión social o al borde de ella que casi con total seguridad tendrán que ser rescatados de algún modo por las administraciones públicas.

La Ordenanza volverá al Pleno para su aprobación definitiva, pero antes los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma tendrán que dictaminar sobre la alegación presentada por la Delegación del Gobierno. Ese dictamen y esa alegación se estudiarán en la Comisión Informativa de Fomento previa al Pleno que debe aprobar de forma definitiva esa ordenanza para que entre en vigor, tal y como explicó el martes el propio Martínez.

“Si lo que dice Delegación en base al informe del abogado del Estado es correcto será que sí y si es que no, será que no”, zanjó el martes Martínez sobre el futuro de la Ordenanza.

Tenga el final que tenga la cuestión al Partido Popular le va a costar mucho más de ahora en adelante negar que existe “mal rollo” entre la Delegación y la Ciudad Autónoma. Una cuestión que ha generado un sin fin de rumores e historias en los últimos meses, de esas que tanto repudia el propio delegado, y que recorren los mentideros políticos de la Ciudad Autónoma. No es extraño que Caballas se despachara el martes con tanta vehemencia a la hora de referirse a esas disputas, ya que son los propios dirigentes del PP los encargados de airear muchas de las disputas entre Delegación y Ciudad Autónoma en los últimos meses.

La tensión parece haber subido un peldaño con la alegación para llegar al nivel de lo innegable por su efecto sobre la opinión pública. El propio González Pérez en sus últimas intervenciones públicas dirigió algunas palabras que sonaron a críticas indirectas a la gestión de la Ciudad Autónoma en los últimos años, como las pronunciadas en la visita a las obras de la nueva Biblioteca cuando reprochó que Ceuta fuera a contar con esa instalación en lugar de con centros educativos nuevos, una cuestión en la que la Administración Local tiene parte de responsabilidad por la cesión del suelo para las nuevas infraestructuras educativas. Del mismo modo su ya famoso “se ha pecado de buenismo” en referencia al trato dado a asociaciones como la UCIDCE iba en la misma línea.

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