"El problema está solucionado". La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, ha comparecido este jueves por la tarde en rueda de prensa para dar por resuelta la crisis de los convenios que ha hecho chocar esta semana a la Ciudad Autónoma con el Ejecutivo central en funciones y ha dado munición al PP y a Vox, sobre todo, para llamarle de todo menos bonitos al PSOE y a Pedro Sánchez. Al final la Administración General del Estado pagará en 2020, si hay nuevo Gobierno y Presupuestos Generales, las cantidades de este ejercicio (7,2 millones) y del próximo (otro tanto) para seguir cofinanciando la desalación de agua y el impacto en determinados servicios del hecho fronterizo.

Para cubrir el desfase temporal en los pagos y no generar conflictos económicos a la Ciudad Autónoma, el Ministerio extenderá "un aval" al Ejecutivo de Vivas, que de esa forma no debería tener problemas con la Intervención para computar esos ingresos y, así, no aplicar ni despidos ni recortes de sueldos ni medidas como la de abandonar la gestión de la explanada de embolsamiento de vehículos de Loma Colmenar.

¿Qué ha pasado? Según la delegada, "alguien metió la pata" y no fue ella, que se enteró del entuerto "el 28 de noviembre" y se puso de inmediato manos a la obra en contacto directo con la ministra de Hacienda, que fue quien le explicó que el Presupuesto General del Estado de este año "ya estaba cerrado" y que, por lo tanto, solo se podían tramitar por vías alternativas a las ordinarias cuestiones realmente "de emergencia" como "daños por lluvias torrenciales", ha ejemplificado.

Mateos ha dejado claro que el caso de los convenios de desalación e impacto fronterizo "no son iguales" que el de la atención a los niños migrantes solos, que sí se aprobó mantener con 2,3 millones en 2019 a través de Real Decreto del Consejo de Ministros del 31 de octubre, ya que el fenómeno de los MENA tiene singularidades de "emergencia". Con los otros dos "los gastos previsibles o periódicos no pueden ir por urgencia".

Entre tinieblas ha quedado si al Gobierno de Vivas se le fueron las fechas para pedir el pago de esos 7,2 millones o si fue en el Ministerio donde "metieron la pata". Al margen, Mateos ha dado un par de pellizcos. Al presidente, por "lanzarse" a dar una rueda de prensa aireando el conflicto "antes de volver a hablar conmigo, que no he comparecido hasta haber terminado todas las gestiones", y a su ex consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, por deslizar que la Ciudad paga íntegra la parcela de Loma Colmenar "cuando es el Estado el que la sufraga con parte de los 3,2 millones que transfiere al año".

A Vox y a la diputada nacional de Ceuta, Teresa López, de ese partido, por llamar de traidor para arriba a Sánchez. "Debe estar a la altura de la dignidad del cargo que representa y no se es más español por colgar banderas en los balcones sino, entre otras cosas, por respetar a quien ocupa un cargo, máxime si es en el Gobierno de España", ha recomendado a la parlamentaria de una formación que ha deseado que "no gobierne nunca".

"Pedro Sánchez", ha recapitulado en su defensa, "no es un traidor sino un servidor de la Nación que no toma represalias ni contra Ceuta ni contra ningún otro territorio. No creo que sea una traición", ha añadido, "aumentar la bonificación al transporte para residentes, contribuir a mantener la línea de helicópteros, desbloquear varias obras que nos encontramos empantanadas o facilitar que los enfermos de cáncer no tengan que viajar en barco".