"NEFASTA GESTIÓN"

El MDyC asegura que la Ciudad ha sido condenada a pagar más de 16 millones desde 2012

El MDyC asegura que la Ciudad ha sido condenada a pagar más de 16 millones desde 2012
Vivas y Hamed, durante un Pleno.
Vivas y Hamed, durante un Pleno.  

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha asegurado este miércoles que la Ciudad Autónoma ha sido condenada desde 2012 al pago de más de 16 mllones de euros por sentencias judiciales. Todavía quedan por abonar, según la formación localista, "más de 1,7 millones sin contar los procedimientos que están abiertos". Desde su punto de vista, "la nefasta gestión de la Corte de los Milagros de Vivas es la causante de la mayoría de los importes de las condenas que deben abonarse con las arcas municipales, una escandalosa utilización del presupuesto municipal para intereses partidistas".

"Los mayores importes de estas sentencias se corresponden con las reclamaciones de empresas que realizan obras, servicios o suministros al Desgobierno de Vivas y que deben acudir a los Juzgados para solucionar los graves conflictos en los que acaba la nefasta gestión que llevan a cabo los distintos 'irresponsables' políticos de la Corte de los Milagros", ha criticado el Movimiento en una nota a los medios.

A estas sentencias condenatorias "que pagamos todos y todas las ceutíes" se añaden "los intereses de demora que, en muchas ocasiones, suponen la mitad o casi la totalidad del principal, lo que demuestra la incapacidad del Desgobierno para gestionar los recursos públicos".

Para el MDyC "despilfarrar casi 3 millones de euros al año demuestra que el Desgobierno no realiza una correcta planificación de las obras, suministros y servicios que saca a concurso, sino que únicamente hace la proyección con las prisas que supone la cercanía electoral para obtener votos del presupuesto municipal, buscando únicamente la continuidad en las poltronas no el interés general de la Ciudad que dice moverle".

A juicio de los de Fatima Hamed, "las empresas, debido a los modificados, las revisiones o la finalización del tiempo de contrato y su obligación de continuar prestando el servicio, y ante la falta de respuesta del Desgobierno, se ven abocadas a acudir a los Juzgados para defender sus intereses".