"DERECHO RECUPERADO"

MDyC denuncia que Acemsa ha tardado un año en acatar la sentencia que obliga a enviar facturas en papel

MDyC denuncia que Acemsa ha tardado un año en acatar la sentencia que obliga a enviar facturas en papel

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía exigió en marzo de 2017 que la empresa municipal ACEMSA  paralizase la decisión de no enviar la factura en papel a los y las ceutíes de forma unilateral pues a  su juicio suponía saltarse los derechos de los usuarios y consumidores. Pero no ha sido hasta el 26 de  marzo de este año cuando la encargada de Presidencia daba la orden para que se ejecutara la sentencia, pese a que Juzgado de Instrucción nº 5 dictaba sentencia el 24 de abril de 2018 contra ACEMSA en la que le obligaba a restituir el derecho a recibir al factura en papel en su domicilio a los abonados, bajo apercibimiento de una multa diaria de 30.000 euros.

 “A pesar de ello y de todos los intentos que el MDyC realizó, de los informes del Área de Consumo que manifestaban la obligación de enviarla, el Gobierno decidió de forma unilateral eliminar el derecho de los abonados, porque ni siquiera se les trata como clientes, a recibir su factura en casa”, explican desde MDyC recordando que el

En enero de 2018, recuerda el MDyC, se instó a la fiscalía, con legitimidad para defender los derechos de los usuarios y las consumidores, para que interpusiera denuncia por la decisión abusiva del Gobierno local “de arrebatarles un derecho a los y las ceutíes”.

Para el MDyC que ahora la empresa diga que “en plena ERA digital da un paso atrás” por restituir un derecho “demuestra su nefasta gestión y lo poco que le importan los derechos de los y las ceutíes, si hubieran seguido nuestras indicaciones desde un principio cuando le indicábamos que se hicieran campañas de cambio de la factura de papel por la electrónica con el consentimiento de los clientes no se encontrarían en esta situación”.

El MDyC  espera que no se haya tenido que ejecutar la sentencia “y debamos ahora los y las ceutíes pagar 30.000 euros diarios desde abril del año pasado, pues exigiríamos la asunción de la sanción a los responsables de esta decisión”.