El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta (MDyC) ha denunciado este lunes nuevos reconocimientos de deuda extrajudiciales por parte del Gobierno de Vivas, lo que considera el partido de Hamed como el final del camino de una “mala praxis” o “mala gestión” de los fondos públicos.

MDyC “ha constatado que se han aprobado cuatro expedientes en los poco más de tres meses que llevamos de legislatura, y que suponen casi setenta mil euros, en los que reconocen que ‘no se han seguido las normas establecidas’ o ‘errores no detectados en la tramitación del expediente’ o ‘las variaciones producida en determinadas partidas de obras’ han provocado que no se haya cumplido la legislación, cuestión a la que nos tiene acostumbrado el Sr. Vivas, eso de cumplir la Ley es lo que siempre le dice el Tribunal de Cuentas y todos los Tribunales a los que luego anda recurriendo con el dinero de los y las ceutíes para intentar salvar su desastrosa acción de gobierno”, ha plasmado el partido de la oposición a través de un comunicado.

Por ello los de Hamed piden al Ejecutivo que “cumpla la legislación sobre contratación, pues muchos de estos contratos, una vez realizadas las modificaciones su importe los convierte en contratos mayores, que deben seguir un procedimiento distinto y más exigente; no es la primera vez que el Desgobierno del Sr. Vivas fracciona un contrato para que pueda seguir siendo un contrato menor y poder controlar su adjudicación”.

Para la formación este tipo de reconocimientos “supone ocultar la verdadera deuda de la Ciudad, esa que el Ministerio de Hacienda cifra casi en 220 millones de euros, pero que estimamos en más de 240 millones, entre la utilización de la contabilidad financiera y las facturas que andan por los cajones pendientes de reconocer como ya hemos denunciado en innumerables ocasiones, como en el caso de los monitores de las piscinas”.

A MDyC le gustaría que el Ejecutivo pusiera fin a estas prácticas y que aflorara toda la deuda real que mantiene la administración local contabilizando todas las facturas que están pendientes, para que la ciudadanía en general pueda conocer “cuál es la cruda realidad de su nefasta gestión y sobre todo para que los empresarios, verdaderas víctimas, puedan cobrar los trabajos realizados dejando de poner en peligro los puestos de trabajo que no están dentro de su protegido ‘empleo estructural”.