El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) solicitará al Gobierno explicaciones sobre las casusas que le han llevado a prorrogar por dos años más el contrato de Gestión de la Planta de transferencia de Residuos sólidos Urbanos con el adjudicatario por un importe de más de diez millones de euros.

Para el MDyC la empresa adjudicataria no cumplía en el momento de la prórroga la legislación vigente, "así mismo la pésima gestión desarrollada por la concesionaria del servicio ha provocado, según expertos consultados por nuestra formación, graves perjuicios a la administración local".

"Desde el inicio de la explotación de la Planta de transferencia, la adjudicataria ha estado incumpliendo los pliegos de forma sistemática, a pesar de los reiterados avisos de los técnicos, la concesionaria ha hecho oídos sordos a las peticiones de su cumplimiento, sobre todo en cuanto al cumplimiento del protocolo de pesaje", aseguran; "mientras los técnicos solicitaban información sobre el cumplimiento de la legislación, el Desgobierno de Vivas se dedicaba a ampliar el contrato por dos años más, desconociendo en base a qué informes se ha aprobado la prórroga del contrato. Si la legislación actual obligaba en el momento de la prórroga a tener contratos con los gestores de las instalaciones finales de la Península donde tienen entrada los diferentes residuos enviados desde Ceuta, no se puede aprobar con unos simples “acuerdos verbales”, al ser ambas explotadoras del mismo propietario".

SEgún MDyC, la “separadora balística” se estropeó en el primer trimestre de 2016 y todavía no consta en los informes que emite la concesionaria que se haya reparado, con los perjuicios que ocasiona a la correcta  gestión de los residuos. Por ello desde el MDyC solicitan la paralización de los pagos a la empresa concesionaria hasta que se comprueben los datos y cumpla estrictamente con los pliegos del contrato.