El MDyC llevará al Pleno de esta próxima semana la posibilidad de plantear "una serie de acciones positivas" que contribuyan en la lucha contra la violencia de género. Acciones "positivas" entre las que destacan la creación de una Comisión de seguimiento en la que participen las administraciones y los agentes sociales implicados en la lucha contra la violencia de género "con la finalidad de evaluar, trimestralmente, los datos más relevantes al respecto y las novedades en cada una de las parcelas a coordina", así como la elaboración de un Protocolo de actuación coordinada y conjunta por parte de administraciones, cuerpos y fuerzas de seguridad y agentes sociales relacionados con la prevención, la atención y protección a las víctimas de violencia de género.

Todo ello,a juicio de MDyC, definido en una guía en la que queden perfectamente delimitadas las funciones entre las diferentes entidades que deben trabajar coordinadamente contra la violencia de género."Con ello seguimos aportando desde el MDyC herramientas que contribuyan a acabar con esta lacra en nuestra sociedad y nuestro compromiso de luchar todos los días contra ella no sólo en las fechas señaladas".

"La violencia que, en sus diferentes formas, se ejerce contra las mujeres supone un serio atentado contra la dignidad e integridad física y moral de éstas y, en consecuencia, una grave e intolerable violación de los derechos humanos. No se trata de un problema que afecte al ámbito privado, sino una manifestación de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión", reflexionan, recordando que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, recuerda en su Exposición de Motivos, la obligación de los poderes públicos de actuar para asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales que la Constitución reconoce a la ciudadanía, y cómo estos derechos son vulnerados por la violencia de género.