El Grupo Parlamentario Socialista interpelará este viernes al Gobierno ceutí sobre cuatro grandes cuestiones: medidas anti desahucio, la necesidad de un plan de gestión de residuos y de más control de las obras públicas, así como regular y controlar el fraude en los aparcamientos para minusválidos.

Desde el PSOE apuntan que las ordenanzas de la Tarjeta de Estacionamiento de vehículos que transportan personas minusválidas y por la que se faculta la creación de Estacionamientos reservados a vehículos que transportan personas minusválidas que están en vigor, “son bastantes antiguas”, concretamente de 25 de febrero de 1997, y están a su juicio “obsoletas”.

Por otro lado, los socialistas proponen un plan para orientar y asesorar legalmente a la ciudadanía que tenga problemas para hacer frente al pago de los compromisos adquiridos por la compra o alquiler de sus viviendas habituales y no hubiera alcanzado un acuerdo previo con la entidad bancaria correspondiente.

Asimismo, exigen al Gobierno aprobar definitivamente un Plan Integral de Gestión de Residuos. En octubre de 2016, recuerdan los socialistas, la empresa municipal OBIMASA tramitó una encomienda de gestión a la empresa TRAGSA para la actualización de los documentos del borrador del Plan Integrado de Gestión de Residuos de Ceuta y del correspondiente estudio ambiental estratégico. Pero, a día de hoy, reprochan,  “la Ciudad de Ceuta sigue sin contar con la aprobación de un documento básico de un Plan de Gestión de Residuos”.

Y respecto a la falta de control por parte de la Administración local respecto a las obras que se ejecutan en Ceuta, los socialistas alertan de que deriva “en algunos casos, una misma calle se abra hasta tres veces para cambiar o colocar canalizaciones y, en otros, que la ciudadanía desconozca la fecha de finalización de las obras”. Por ello reclamarán ante el Pleno de la Asamblea que el Gobierno acepte “articular cuantas medidas sean necesarias a fin de fiscalizar exhaustivamente el cumplimiento de los pliegos de condiciones técnicas y cláusulas administrativas, así como, evitar que las empresas privadas generen, durante el periodo de ejecución de los proyectos, daños al mobiliario urbano y/o aceras y pavimentos y, en el caso que ello ocurriese, se encarguen de incoar las sanciones que correspondiesen.