IMPUESTO BONIFICADO

El Pleno declarará "de utilidad pública" la Ciudad del Fútbol y la Federación evitará pagar casi 40.000 euros

El Pleno declarará "de utilidad pública" la Ciudad del Fútbol y la Federación evitará pagar casi 40.000 euros
Imagen de la inuguración del complejo.
Imagen de la inuguración del complejo.  

La consejera de Hacienda llevará este mes al Pleno una propuesta para declarar “de utilidad pública” las obras de construcción de la nueva sede de la Federación de Fútbol de Ceuta (FFCE), con lo que podrá beneficiarse de la concesión de una bonificación del 95% en la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) devengado por la realización del proyecto, que fue inaugurado oficialmente a finales del año pasado.

El presidente de la Territorial, Antonio García Gaona, remitió en enero del año pasado a la Ciudad un escrito en el que solicitaba la concesión de una bonificación en la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por un importe de 39.639 euros con el argumento de que las obras de la Ciudad del Fútbol “redundarían en beneficio de los deportistas de Ceuta”, por lo que procedía su declaración como “de interés social”.

La Consejería de Turismo y Deporte que dirige Emilio Carreira ha trasladado a la de Hacienda la petición de la Federación, basada en que “concurren circusntancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo” que justifican la declaración de utilidad púbica de las obras de la Ciudad del Fútbol.

En la memoria elaborada para Servicios Tributarios se pone de relieve que la Federación cuenta con 57 clubes afiliados, lo que se traduce en más de 200 equipos “en todas y cada una de las categorías del fútbol base de Cetua”, desde Prebenjamín hasta Regional Preferente. Además, cuenta con ocho equipos de categoría Nacional y un total de 2.237 futbolistas están afiliados en la Territorial en sus tres modalidades (fútbol, fútbol sala y fúbol 8). También tiene 300 entrenadores y 66 colegiados.

El Instituto Ceutí de Deportes (ICD) ha respaldado en un informe la solicitud de la Federación al entender que sus actividades “están dentro de la clasificación de ‘utilidad pública’, cumpliendo además con las características y requisitos” que marca la legislación.

El artículo 32 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación establece que pueden ser declaradas de utilidad pública aquellas asociaciones en las que concurran circunstancias como que sus fines estatutarios “tiendan a promover el interés general [...] y sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.

También exige que su actividad “no esté restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a cualquier otro posible beneficiario” y que los miembros de sus órganos de representación que perciban retribuciones “no lo hagan con cargo a fondos y subvenciones públicas”.

El MDyC denunció el verano pasado que la Federación debía ala Ciudad Autónoma desde enero de 2015 el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), cerca de 40.000 euros de los que al final la Federación solo pagará menos de 2.000. La Ciudad del Fútbol se ha construido sobre una superficie de algo más de 5.000 metros cuadrados y consta de oficina principal, sala de juntas, salón de actos, sala de exposiciones, aula de formación, sede de la mutualidad y un campo.

Con la declaración de utilidad pública de la obra, la Territorial se librará de pagar el 95% de lo que le tocaría. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales fija en ese porcentaje máximo la bonificación que las Ordenanzas fiscales pueden prescribir “a favor de las construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que lo justifiquen”. Para dar ese paso es competente el Pleno de la Corporación, que se pronuncia “previa solicitud del sujeto pasivo” y que puede dar su visto bueno “por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros”.