El PP avala en el Pleno darle 1,3 millones más a Trace cada año sin saber si hay base legal o no

El Pleno de la Asamblea ha dejado patente este lunes con los únicos votos a favor del PP su voluntad de pagarle 1,3 millones de euros más al año a Trace por el servicio de limpieza pública viaria y recogida de basuras. La decisión se ejecutará, eso sí, si cumple con todos los requisitos legales establecidos para ello, algo que a día de hoy aún no se sabe. Tanto el presidente Vivas como el consejero competente, Emilio Carreira, han asegurado que si aparece la más mínima sombra de viabilidad jurídica el asunto será paralizado.

La secretaria general, María Dolores Pastilla, ha reconocido en la Cámara autonómica que el expediente está "inconcluso" y que solamente ha informado sobre los pasos que hay que dar para modificar un contrato, no sobre si se ha hecho o se puede hacer lo que se pretende, elevar la cuantía de la concesión para elevar el número total de servicios de 48.423 a 53.244 y el de jornadas laborales, de casi 66.000 a 76.741, un 12% más, según ha recordado el consejero de Hacienda.

Según el interventor, las razones esgrimidas para la modificación del contrato sí cumplen la Ley. Dichas taras señaladas son cinco: "deficiente redacción de los pliegos de prescripciones técnicas; "aparición de diversas circunstancias que han supuesto una profunda alteración de los supuestos de hecho previstos en los pliegos"; "falta de previsión de las necesidades de personal en determinados periodos del año"; "deficiente estimación de las necesidades tecnológicas y de adecuación del contrato a las tendencias existentes, sobre todo en el servicio de limpieza viaria; y cambio en las circunstancias económicas y financieras de la Ciudad y de España en su conjunto".

Carreira ha defendido que parece un hecho casi "objetivo" que la ciudad está actualmente menos limpia que en la etapa de Urbaser, cuando su factura llegó a superar los 18 millones de euros al año (la de Trace se queda en 15). "El expediente aporta suficiente información como para que de modo abrumador se concluya en favor de la necesidad de una sustancial mejora en la prestación del servicio, argumento compartido igualmente por la Dirección Facultativa del contrato, que yendo más lejos, propone de modo pormenorizado las mejoras que permitan alcanzar el objetivo de calidad deseado", ha reseñado.

Para el también portavoz gubernamental en 2012 y 2013, cuando se licitó el servicio para 10 años con posibilidad de prórroga por otro tantos, "hubo penuria, no torpeza", y con el paso del tiempo la situación económica de la Ciudad ha mejorado de tal manera que ahora corresponde "preguntare si los ceutíes no tienen derecho a mejores niveles de limpieza pública sin que por ello se pueda concluir que la adjudicataria ha faltado a sus obligaciones o que se quiere reponer su 10% de baja en el precio de adjudicación".

"Más dinero para la buchaca de Trace"

"La única cuestión que podría ser objeto de controversia es si en la elaboración del Pliego hubo negligencia o falta de profesionalidad o si, por el contario, los recursos económicos asignados al contrato eran los únicos posibles en aquel momento, teniendo en cuenta la situación económica y financiera de la institución, puesto que en la práctica la reducción de costes planteada con el vigente pliego, frente a los costes del servicio del contrato anterior, puede situarse en más de ocho puntos porcentuales de uno respecto del otro", ha reflexionado Carreira.

El portavoz del primer grupo de la oposición, Juan Luis Aróstegui, ha recordado al Ejecutivo que la ampliación del contrato supondrá inyectarle "más de lo que se va a invertir en 2015 en becas, en Alojamiento Alternativo o en IMIS, dos veces y media menos". "Hablamos de 1,3 millones largos, 10 a lo largo del contrato, 24 si se prorroga, y no es una cuestión menor, por lo que pedimos que este tema se deje sobre la mesa", ha propuesto Caballas, cuya petición ha sido rechazada en bloque por el PP.

Para los localistas es cierto que la ciudad presenta un estado de suciedad “alarmante” pero también que el Gobierno “no ha sabido responder por qué ni cómo se resuelve de forma solvente”. Para Aróstegui el “enjuague” del Gobierno de Vivas para superar esa coyuntura “poniendo más dinero” no respeta los límites legales que coartan cualquier modificación de un contrato. “Esto hace aguas por todas partes, del primer papel al último, sálvese quien pueda, desde el informe del consejero de Medio Ambiente que no pide modificar el contrato hasta el de la secretaria general, que da vergüenza. La técnico de Medio Ambiente, la redactora del Pliego, no ha escrito ni una línea sobre los posibles errores u omisiones", ha lamentado.

“Decir públicamente que el motivo de la modificación es poner más dinero es una declaración de culpabilidad porque no está contemplado en la Ley y el único que habla de modificación es el interventor”, ha hilvanado Aróstegui, quien ha destacado que el expediente ni siquiera ha pasado por Contratación y ha pedido a la Administración que documente más y mejor la ampliación del contrato, con cifras que avalen o desmientan que se realizan todas las jornadas y servicios que se dice, con números que demuestren si está ganando o perdiendo dinero, si invierte los fondos que recibe...

"Ahora parece que se van a ampliar 50 contratos a jornada completa, 25 contratos, con lo que el resultado será tener los mismos trabajadores que en 2013 pero 1,3 millones más al año en la buchaca y yo, malpensado", ha añadido Aróstegui, "me pregunto si no será que la propia empresa provoca la suciedad para presionar al Ayuntamiento para aumentar el contrato".

Tanto los diputados socialistas como los no adscritos Fatima Hamed y Rachid Ahmed han afeado al Gobierno sus "errores" con la redacción de los Pliegos originales que dieron la concesión a Trace como su posterior seguimiento y evaluación del servicio para llegar a concluir la necesidad de su modificación, por lo que también han apostado por dejar el expediente sobre la mesa.

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