Caballas no ha conseguido convencer este miércoles en el Pleno al Grupo Parlamentario Popular de la conveniencia de "cesar en la práctica de contratación de empresas privadas para que aporten exclusivamente mano de obra a los servicios públicos" y de "rechazar la posibilidad de iniciar procesos de privatización de servicios públicos prestados en la actualidad de manera directo por parte de la Administración".

La "ofensiva privatizadora" del Gobierno de Vivas, como la califica la coalición, no cesará pese a que para los localistas no es más que "un atolondrado intento de sustituir con mano de obra cedida ilegalmente por empresas privadas las clamorosas carencias que se producen en determinados servicios como consecuencia de su nefasta política de recursos humanos".

Entre los casos más recientes están "la ampliación del horario de Biblioteca, los servicios de tanatorio, la atención a los menores en Punta Blanca, actividades deportivas del ICD, y un largo etcétera" como "claros ejemplos en los que se pone de relieve esta práctica ilegal cada vez más utilizada por el Gobierno" también con "la externalización de los servicios de cementerio, los anuncios del presidente de la Ciudad en relación con determinados servicios de la barriada del Príncipe y la construcción de viviendas de protección oficial siguiendo el modelo de la malhadada promoción de Huerta Téllez"

Aróstegui ha recordado que en el Auditorio, por ejemplo, una empresa aporta “al taquillero” y que en espacios como el ICD o la Residencia de Mayores hay “otros puñados” de personas en la misma situación, cobrando "mucho menos" por hacer el trabajo de un empleado público. “No queremos privatizaciones y si son ilegales, menos”, ha explicado Aróstegui, que ha reclamado “orden” en la política de Personal y plantillas “adecuadas” para gestionar los servicios competencia de la Administración local.

El portavoz socialista, Manuel Hernández, también se ha mostrado de forma contundente “en contra” de la privatización de servicios públicos. “Durante los últimos años en esta Ciudad se han amortizado 200 empleos públicos, trabajos básicos sustituidos por la Colaboración Social”, ha rechazado el líder del PSOE, cuyo partido reclama “oposiciones” para cubrir esas plazas en lugar de “esa plantilla paralela en precario que se está conformando a dedo por el Gobierno y que ya suma a unas 600 personas”.

"Ilegal, en absoluto"

La consejera de Hacienda, Susana Román, ha empezando avisando al PSOE de que “la Junta de Andalucía es la campeona de las privatizaciones”. Acto seguido ha dejado claro que el PP no acepta que esta práctica "sea ilegal". "En absoluto, aunque según la percepción de cada uno se pueda considerar abusiva”, ha distinguido la miembro del Ejecutivo local, que se ha remitido a la crisis global de los últimos años y al incremento de los servicios públicos experimentado en la Ciudad para justificar la política de recursos humanos desarrollada en favor de externalizaciones.

“Hemos tenido un mandato legal sobre la incorporación de personal a la Administración Pública y la única manera legal que ha habido de avanzar han sido contrataciones externas con todos los controles pertinentes”, ha ampliado Román, que no ve "ningún problema", por ejemplo, "en que el taquillero del Auditorio sea un trabajador ajeno al sector público".

“Eso es perfectamente legal, encaja con nuestra filosofía y vamos a seguir haciéndolo dentro de las normas legales”, ha resumido la consejera, que ha rechazado las acusaciones de estar incurriendo en cesiones ilegales de mano de obra. Aróstegui ha ironizado con que creará el “departamento de ausentes” con las personas “que no vienen a trabajar con su consentimiento y siguen cobrando” y ha reclamado, por encima de la cuestión particular de la propuesta, una mejora de la gestión de Personal en la Ciudad empezando por "criterios racionalización y eficiencia".