El PP elude apoyar la persecución penal de la mala gestión política hasta que lo diga la Ley

El Grupo Parlamentario Popular ha vetado con su mayoría la propuesta elevada al Pleno por la coalición Caballas para pedir a la Corporación ceutí un pronunciamiento "simbólico", pues carece de competencias legislativas, para perseguir penalmente a los cargos públicos que hagan mal uso de los dineros públicos. Los localistas han argumentado la necesidad de "emprender acciones legales contra los responsables políticos que hayan ordenado y contraído gastos sin la obligatoria consignación presupuestaria y/o sin respetar los procedimientos legalmente establecidos para ello”, pero el PP ha alegado que ya ha hay un proyecto para viabilizar tal exigencia de responsabilidades, la Ley de Transparencia que comenzó a tramitar el Consejo de Ministros el pasado viernes .

El consejero de Hacienda, Francisco Márquez, se ha congratulado porque un grupo, Caballas, “con ideología dispersa, de aquí y de allá”, respalde ese anteproyecto auspiciado por el Gobierno de Mariano Rajoy. “Es una buena noticia y les animo, si están de acuerdo con ella, a que la enriquezcan”, ha señalado el también diputado nacional, que ha adelantado que la norma “afectará a todas las Administraciones con independencia de su color político para aplicar mayor rigor”.

Según Márquez, al que los localistas han atacado por su supuesta tendencia a permitir gastos sin consignación ni expediente, “el papel lo aguanta todo” pero "en la realidad hay necesidades imprevistas" que hay que pagar de alguna forma. “Gran parte de los gastos que no se han ajustado al procedimiento y están incluidos en la relación de facturas impagadas hasta el 31 de diciembre remitida al Ministerio de Hacienda han tenido lugar para hacer frente a asuntos de emergencia y urgencia, a tuberías que se rompen, necesidades de asistencia social no debidamente cuantificadas, lluvias torrenciales…", ha enumerado.

“Quiero hablar muy claro: los reconocimientos extrajudiciales son encargos no regulados o previstos con anterioridad pero por los que es necesario pagar al contratista y que está previsto en la legislación”, ha completado antes de reprochar a Ali que “no le reconozco en esta propuesta, que parece más propia de la impostura de su coalición”, ha espetado al primer grupo de la oposición.

"No es normal"

Ali ha reprochado a Márquez, “particularmente a usted”, su crítica a la “diversidad” de ideas existente en Caballas. “Esta medida es perfectamente complementaria con la Ley de Transparencia porque las Administraciones necesitan dar pasos para recuperar la confianza de los ciudadanos”, ha subrayado Caballas, que ha cifrado en 25 millones de euros, casi un 40% del total de 82 millones de euros de mora comercial de la Ciudad, el importe de los recibos impagadas sin expediente que los sostenga.

Carracao ha coincidido en que “no es normal” que el Gobierno de Ceuta recurra “sistemáticamente” al reconocimiento extrajudicial de deuda y Márquez ha recordado que el mecanismo de pago a suministradores a través de los bancos con el aval del Estado "no se ha creado para saldar las de Ceuta". “Debe tenderse a que no se empleen esos procedimientos pero no tiene sentido adelantarnos a lo que va a regular una Ley al margen de los ilícitos penales y contables ya existentes”, ha terminado.

Ali ha tildado de “contradictoria” la postural del PP y de Márquez, al que ha dicho ver “singularmente irascible”. “Todos, en la medida de nuestras responsabilidades, deberíamos analizar por qué ha perdido la ciudadanía la confianza en el político, que sólo se recupera con medidas como ésta”, ha alertado.

Lo que prevé el anteproyecto de la Ley de Transparencia

El anteproyecto de la Ley de Transparencia prevé una serie de infracciones derivadas del incumplimiento de la normativa en materia de conflicto de intereses, de las obligaciones en materia de gestión de fondos públicos y del régimen disciplinario que debe ser aplicable a los altos cargos.

La comisión de estas infracciones dará lugar a la imposición de sanciones como la destitución en los cargos públicos, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública estatal en los términos previstos en la Ley General Presupuestaria. Además, se incorporan nuevas infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y se establece la previsión de que los autores de infracciones graves y muy graves no podrán ser nombrados para ocupar determinados cargos públicos durante un periodo de entre cinco y diez años.

La instrucción de los correspondientes procedimientos sancionadores corresponderá a Buen Gobierno y Conflicto de Intereses regulada en la Ley de regulación de los conflictos de intereses de miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración General del Estado, de 10 de abril de 2006. Una vez más, por razones de austeridad se atribuyen estas nuevas funciones a un órgano preexistente, cuya denominación se modifica.

Finalmente en este régimen sancionador, en una Ley Orgánica complementaria de esta Ley, que modificará el Código Penal, se tipificarán infracciones para castigar las conductas más graves que sean merecedoras de sanciones penales.

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