El PP se niega a pagar la factura política que Ali anunció en 2008 que le pasaría por Urbaser

El PP se niega a pagar la factura política que Ali anunció en 2008 que le pasaría por Urbaser
Carracao ha pedido, al menos, el cese de Castañeda.
Carracao ha pedido, al menos, el cese de Castañeda.  

- El Gobierno anuncia que asumirá responsabilidades si el Juzgado sentencia alguna culpabilidad por los pagos a la empresa y reta a Carracao a hacer lo propio si sus acusaciones de presunta corrupción no prosperan

- La coalición deja claro que pese a que “nunca ha hablado de malversación de fondos públicos ni de corrupción” Vivas debe responder por permitir a la empresa vulnerar "sistemática y continuadamene" su contrato

- El socialista subraya que el PSOE ha hecho “lo que en conciencia creíamos que teníamos que hacer: pedir explicaciones y ponerlo en conocimiento de la Justicia a través de la Fiscalía”


Todo vuelve. Hace cinco años, un mes y un día, Mohamed Ali advirtió al presidente de la Ciudad en el Pleno durante el debate sobre la subida salarial para el personal de Urbaser que el Gobierno decidió asumir con fondos propios para evitar una huelga, acuerdo por el que ahora la empresa le exige varios millones de euros: "Usted", le previno cuando Vivas dijo que la responsabilidad del tema era suya, "intenta aprovechar el respaldo que tiene en los ciudadanos, que es legítimo, pero le aconsejo que con el paso del tiempo los ciudadanos se van a dar cuenta de que usted no puede intentar parar o correr una cortina de humo ante situaciones que son irregulares por su respaldo en las urnas".

Urbaser ha desembarcado este lunes en el Pleno, tras diez días de dimes y diretes, con todo su estruendo merced a una moción de urgencia de Caballas para exigir al Ejecutivo local "responsabilidades política" por su "negligencia culpable" con los pagos a la empresa por amortización de maquinaria por "consentir que la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida domiciliaria de basuras haya incumplido impunemente, de manera sistemática y continuada, el Pliego de Condiciones que regula dicho servicio, lesionando los intereses generales y ocasionando un considerable quebrante a las arcas públicas".

A diferencia del PSOE de Carracao, que viene jugueteando con la posibilidad de que alguien se haya llevado dinero, Caballas ha dejado claro que la coalición “nunca ha hablado de malversación de fondos públicos ni de corrupción”. “Llevamos años preocupados y hemos sido pesados con el asunto y ahora es estrictamente necesario aclarar, si no hay corrupción, qué pasa con este dinero, con los 15 millones que nos piden, los 12,5 que dicen que hemos pagado de más… ¿Qué pasa con el dinero público?”, ha preguntado el líder de la oposición en la Asamblea.

“A nuestro juicio ustedes no han estado a la altura a la hora de enfocar el asunto porque nosotros apoyamos al Gobierno en la dimensión jurídica, en que no pague ni un euro más a Urbaser, pero también una vertiente política en la que apreciamos nefasta gestión, nulo interés en defensa del interés general, negligencia culpable”, ha añadido Ali, que ha reconocido que “si bien es cierto que se ha pagado el contrato, también que hay un descuadre contable”.

“Nadie puede negar que se ha pagado algo que no se debía pagar”, ha terminado Ali, “y creemos que la solución está en el artículo 80 del propio contrato, que obliga a Urbaser a renovar el inmovilizado conforme se vaya amortizando”. “Opinamos que no se ha pagado de más, sino que se han pagado vehículos que nunca llegaron a incorporarse, no sabemos si con la connivencia o no del Gobierno”, ha resumido el localista, que ha exigido que se den explicaciones de por qué nadie lo exigió y que se señale a los responsables.

El portavoz del Gobierno local, Guillermo Martínez, ha “agradecido” que, a diferencia del PSOE, la coalición sí haya sabido tratar el tema de Urbaser “separando el ámbito político del de la corrupción”. “Debo reconocerle su responsabilidad”, ha prologado el consejero su primera réplica a la moción de urgencia con la que la coalición ha reclamado al Pleno que “repruebe” la actuación del Ejecutivo ceutí por “su negligencia culpable al consentir que la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida domiciliaria de basuras, URBASER, haya incumplido impunemente, de manera sistemática y continuada, el Pliego de Condiciones que regula dicho servicio, lesionando los intereses generales y ocasionando un considerable quebrante a las arcas públicas".

El Popular se ha remontado hasta principios de siglo para recordar por qué se prorrogó el contrato de Urbaser (previa auditoría, encuesta de satisfacción e informe del Consejo de Estado). “El contrato establece que cada anualidad se amortiza un 10% de la maquinaria, lo que exige el paso de 10 años para el pago de la totalidad”, ha subrayado Martínez, quien ha resaltado que “no se ha pagado ni un euro más de lo contemplado en el contrato y de conformidad con los precios del contrato”.

“Previsiblemente la amortización de la maquina no estaba bien valorada en el precio unitario, pero parece que tampoco los costes de personal”, ha advertido Martínez a la luz de esa auditoría, que establecía una fórmula de cobro en el que por cada servicio se abonaba una parte de maquinaria, otra de recursos humanos…

“Aquí si algo se ha pagado mal es porque alguien lo ha cobrado mal”

“Esperamos que este contrato se resuelva por la vía administrativa y no judicial”, ha deseado el titular de Hacienda, que ha hecho una enumeración de todas las reclamaciones de Urbaser. “También le agradezco que no quiera hablar ni de connivencia ni de corrupción, algo ilógico cuando hablamos de una empresa que reclama 15 millones de euros”, ha resumido.

“Aquí si algo se ha pagado mal es porque alguien lo ha cobrado mal”, ha añadido Martínez, quien ha concluido que a) “no se ha pagado ni un euro más de lo que se tenía que pagar según contrato”; b) “tengo el convencimiento absoluto de que aquí no ha habido ningún tipo de malversación de fondos ni ningún tipo de actividad delictiva”; c) “tengo la sensación, en base a la información que he visto y que deberá acreditarse, que Urbaser tampoco ha recibido nada que no debiera”.

Para Ali “es inadmisible que nadie supiese dónde estaba el contrato, que se depurarán responsabilidades tras el proceso judicial”, ha protestado antes de recordar que en diciembre de 2011 una interpelación de Aróstegui ya interpeló por la cuestión en concreto de los camiones. “Ustedes han ninguneado, mentido, en sede parlamentaria, y si no reprueban esa actitud interpreto que les resbala todo lo que se diga desde la oposición, que los votos no han servido para nada frente a su mayoría”, ha concluido.

“¿Por qué su Gobierno no exigió el reemplazo de la maquinaria? Ahí está la responsabilidad política y lo que hay que reclamar a Urbaser”, ha añadido. “Hemos estado pagando chatarra a precio de oro y eso no es admisible”. “Yo aquí he visto ceses encubiertos sin esperar a que se pronunciase la Justicia como el del señor Gordillo por interés partidista, y ustedes con esta actitud están creando incertidumbre, fomentando el descrédito de la política", ha criticado.

 

Carracao: "Yo no tengo ninguna confianza en el Gobierno"

“Yo no tengo ninguna confianza en el Gobierno”, ha entrado en el debate Carracao, quien ha asegurado que su partido ha hecho “lo que en conciencia creíamos que teníamos que hacer: pedir explicaciones y ponerlo en conocimiento de la Justicia a través de la Fiscalía”. “En un alarde de prepotencia el PP nos instó a ir al Juzgado y lo ha hecho la Fiscalía tras apreciar indicios de delito”, ha contextualizado el socialista su proceder.

Para el socialista sigue habiendo “cinco grandes interrogantes” en el informe de Cuenca: 1) la cantidad que se comprometió a invertir Urbaser y no cumplió sin sanción alguna; 2) el impago de IPSI; 3) el descuadre de 12,5 millones; 4) qué inmovilizado se ha llevado la empresa; y 5) la imputación presupuestaria de los desembolsos, un tema sobre el que el PSOE ya ha dado aparentemente marcha atrás tras “consultar al Tribunal de Cuentas”. Al terminar, el líder del PSOE ha pedido que, al menos, se cese a Gregorio García Castañeda, que a finales de 2011 aseguró a Aróstegui que con los camiones no había ningún problema ("dio la información que tenía", le ha defendido el PP).

La intervención del líder del PSOE ha servido a Martínez para prolongar la exigencia de responsabilidades y amenazar, veladamente, con los Juzgados a Carracao: “Usted ha asegurado aquí que se han realizado pagos indebidos y que el Gobierno lo sabía y esto, cuando todo termine, no se quedará aquí. Usted", ha proseguido, "ha puesto el listón donde ha querido, en lo Penal, donde sólo puede haber una resolución de inocente o culpable: si se detectan responsables, que penen por ello y se deduzcan responsabilidades políticas pero si, como yo estoy convencido, no hay ilícitos ni malversaciones ni ilícitos, entonces usted será el responsable político de esta campaña de calumnias".

Carracao ha abierto entonces un pequeño cortafuegos dejando claro que él sólo se responsabiliza de lo dicho en sede parlamentaria y de sus declaraciones "audiovisuales", esto es, literales, ya que nunca ha pronunciado la expresión "malversación de fondos" ("suena a eso", es lo más cerca que ha estado de tal imputación).

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