El Pleno de la Asamblea ha aprobado este martes a propuesta de Vox elaborar un censo de construcciones "ilegales" levantadas en terrenos de titularidad pública con el historial administrativo y policial de cada una para, con ese análisis técnico en la mano, tomar decisiones sobre la exigencia de derribos o la imposición de sanciones. El PP, que durante su última legislatura con mayoría absoluta, entre 2015 y 2019, abrió 500 expedientes pero solo consumó 12 derribos, y PSOE han apoyado la iniciativa.
El portavoz proponente, Carlos Verdejo, ha explicado que su partido no apuesta directamente por "demoliciones" sino por conocer "el alcance real del problema de las construcciones ilegales" en la ciudad para, en base a ese diagnóstico, tomar las medidas que corresponda.
"Encontramos carreteras inaccesibles para vehículos, obras en terrenos militares y portuarios, casas a las que no pueden llegar los servicios de emergencias y otras que no cumplen medidas de seguridad, construcciones al borde del derrumbe y un mercadeo negro con viviendas negras", ha expuesto el portavoz de Vox las distintas derivadas que ha alcanzado el fenómeno de los ladrillos sin ordenación.
También ha hablado de la existencia de palacios "de una oligarquía local fuera del imperio de la ley" y ha considerado “especialmente grave" la "usurpación" de suelo público que se viene produciendo en Ceuta y que proyecta "cada vez con más fuerza una imagen totalmente tercermundista de la ciudad”.
"Quien cumple la ley no puede estar en ventaja para la firma de acuerdos con la Administración", ha abrochado Verdejo su argumentario en defensa de "una relación detallada de todas las construcciones ilegales en terrenos de titularidad pública, expedientes incoados por la Policía Local, clasificación de las mismas atendiendo a criterios arquitectónicos y de seguridad, y dictamen sobre el dictamen que generan en su entorno inmediato".
La consejera de Fomento, Kissy Chandiramani, ha argumentado que durante la pasada legislatura se levantaron 500 expedientes y ha negado rotundamente que haya habido "chanchullos, dejación de funciones o pasotismo" tras la multiplicación de obras irregulares. Al contrario, la miembro del Ejecutivo ha defendido que son las garantías jurídicas que da la normativa para los presuntos infractores y para los técnicos instructores, las que demoran la adopción de respuestas en forma de derribos (solo 12 desde 2015) o sanciones.
Chandiramani también ha explicado que hace cuatro años entró en funcionamiento la Oficina de Disciplina Urbanística y ha alegado que sigue anhelando un recorte de los plazos de tramitación de los expedientes. "La de que ha habido dejación de funciones es una aseveración que no puede estar más alejada de la realidad: tenemos que seguir trabajando y apoyamos su propuesta pero no estamos de acuerdo con sus afirmaciones", ha recapitulado antes de animar a Vox a llevar al Juzgado "cualquier chanchullo urbanístico que conozca".
El portavoz socialista, Manuel Hernández, ha coincidido en que "las construcciones ilegales no deben permitirse". "En primer lugar deben reunir todos los requisitos técnicos y cumplir con la estricta legalidad urbanística, por lo que el Gobierno debería poner en marcha un equipo técnico y hacer un estudio sobre el que tomar decisiones", ha corroborado a Verdejo antes de desear que en este intermedio no se produzcan "desastres naturales" cuyas responsabilidades haría recaer sobre el PP.
Ali ha preguntado a Vox "qué piensa hacer" con barriadas "con más de un siglo de historia" cuyo vecindario "no tiene papeles". "Expliquen si piensan tirarlas para no inquietar a la ciudadanía porque los expedientes están en el Negociado de Urbanismo, vaya a pedirlos, y no distinga entre las obras ilegales en terrenos públicos y privados, donde la gente también se salta la ley a la torera, hace áticos, cierra terrazas o levanta cinco plantas donde solo puede construir dos", ha precisado. El líder de Caballas ha tildado de "sesgado" el discurso de los proponentes y ha criticado que limite el objeto de su denuncia urbanística a "determinadas barriadas de la periferia".
