Los informes evacuados por Intervención rechazan que concurran los requisitos mínimos exigibles para acometer una reducción de precios en base a supuestas quiebras del equilibrio económico-financiero o a la existencia de pérdidas.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Hernández, se ha posicionado en contra de la subida del bonobús [de 0,65 a 0,68 céntimos] y del aumento de la tarifa correspondiente a la carrera mínima de taxi [de 3,30 a 3,50 euros] planteados por el Ejecutivo local en la Comisión Informativa de Gobernación, que se ha celebrado en la mañana de este lunes.

Hernández ha fundamentado el voto contrario de su partido en el informe elaborado por el área de Intervención de la Ciudad y, "sobre todo, en criterios de justicia social”.

En la Comisión celebrada el pasado 18 de mayo, los grupos de la oposición solicitaron que se retirara el expediente para adjuntar un informe económico de Intervención en el que se acreditara la variación del equilibrio económico- financiero en ambos casos.

La opinión de la Intervención es que, en el caso de la solicitud de la empresa de autobuses, “la quiebra del equilibrio económico-financiero no es un factor aplicable a la reclamación presentada por la empresa de autobuses, por no tratarse de un contrato público ni concurrir a ninguna de las causas que motivan su revisión. Con la documentación presentada es de todo punto imposible comprobar si se dan las condiciones que posibilitan esa revisión solicitada; por tanto, la decisión que se adopte habrá de determinar la aceptación o no de la solicitud planteada por la empresa en función de otros parámetros de carácter político, con independencia del resultado de la actividad”.

En cuanto a la solicitud de la asociación de taxis, la Intervención asegura que “en este supuesto no concurre ninguna de las circunstancias que fundamentan una revisión del equilibrio económico- financiero, al no haber concurrido en el devenir de la concesión ningún hecho provocado por la Administración de la Ciudad que suponga un perjuicio económico para la empresa. Por lo tanto, la quiebra del equilibrio económico- financiero no es un factor aplicable a la reclamación presentada por no tratarse de un contrato público ni concurrir ninguna de las causas que motivan su revisión”.

Ambos informes concluyen puntualizando que “el hecho de la quiebra ha de acreditarse de forma cumplida con un estudio riguroso efectuado por quien pretende el restablecimiento del equilibrio, no bastando con que en un determinado ejercicio las empresas hayan sufrido pérdidas, sino que es preciso analizar todo el desarrollo de la concesión para concluir si se ha quebrado o no ese deseable equilibrio”.