El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica en su edición de este jueves la Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se convoca la concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración con órganos de la Administración General del Estado que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social. Es decir, el trámite preceptivo para poner en marcha los Planes de Empleo que activarán las Delegaciones del Gobierno en Ceuta y Melilla, a las que se destinan un total de 18 millones de euros.

La Resolución prevé que sean contratados "trabajadores desempleados" para la realización de "obras y servicios de interés general y social, a fin de realizar actuaciones de innegable impacto social, en determinadas zonas, que permitirán prestar un mejor servicio a los ciudadanos".

El texto advierte igualmente de que para la selección de los trabajadores objeto de contratación, "además de los criterios establecidos en el artículo 6 de la Orden Ministerial de 19 de diciembre de 1997", tendrán preferencia "las personas beneficiarias del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo (PREPARA)", popularmente conocida como 'los 400 euros'.

Además, previsiblemente se computará la antigüedad en el desempleo, la existencia de cargas familiares y el riesgo de exclusión social.

El plazo de presentación de solicitudes es de 7 días contados a partir de mañana. A partir de ahí, la Ciudad Autónoma calcula que "la resolución que apruebe las memorias y programas estará en los quince o veinte días siguientes, de manera que se podrá cumplir con el objetivo de que los Planes estén operativos en diciembre".

Ciudad y Delegación han asegurado en reiteradas ocasiones compartir el criterio de que los Planes empleen "al mayor número de personas" ("1.300 ó 1.400" durante seis meses), se dediquen a servicios de interés social "que además sean intensivos en mano de obra" (con jornadas y sueldos reducidos con respecto a ediciones anteriores) y los beneficiarios "pertenezcan a colectivos considerados vulnerables, como son los jóvenes, los parados de larga duración y las personas en riesgo de exclusión social".

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