La FSP de UGT en la Ciudad ha remitido una carta a la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, para que alerte al Gobierno central de la “situación ilegal” en la que se encuentra el Gobierno de Juan Vivas tras las últimas sentencias que cuestionan la formación de su ejecutivo, avaladas por una secretaria general y un interventor sin la habilitación nacional preceptiva y de libre designación.

El presidente de la Junta de Personal de la Ciudad y máximo responsable de la FSP-UGT en el Ayuntamiento de Ceuta, ha remitido una carta a la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, para que en calidad de representante del Gobierno central, alerte al Ejecutivo de Pedro Sánchez de la “situación ilegal” en la que se encuentra el Gobierno de Juan Vivas. Desde la FSP-UGT en la Ciudad, Ramírez recuerda que el Gobierno sigue sin acatar las últimas sentencias que cuestionan la formación de su ejecutivo, regateando las condenas del Tribunal Supremo y del Constitucional que le impiden nombrar consejeros y viceconsejeros no electos, cesando los altos cargos pero manteniéndolos en sus puestos bajo otra denominación.

Una actitud que en sus últimas sentencias ya el Tribunal Supremo calificó de fraude de Ley. Algo que, denuncia Antonio Ramírez, solo es posible gracias al aval que le confieren los informes jurídicos de una secretaria general y un interventor en precario, nombrados desde hace años por libre designación y sin la habilitación nacional necesaria, y sin que sus puestos estén aún consolidados. Una precariedad que, ha denunciado reiteradamente UGT, compromete su independencia y pone en duda la legalidad de las decisiones del Gobierno de Vivas, que uno tras otro pierde todos los litigios en la defensa de la autonomía de Ceuta. 

El portavoz de UGT en la Ciudad recuerda que llevan el visto bueno legal de la secretaria general o del interventor todos los nombramientos de consejeros y viceconsejeros no electos, la designación de altos cargos a dedo y sin limitación en numero ni presupuesto, siempre a la medida de las tesis políticas del Gobierno de Vivas. Informes legales y visto bueno que una  vez tras otra se han chocado contra el muro de las sentencias judiciales que han tumbado su base legal.

Desde el Gobierno, Vivas mantiene la defensa de la capacidad de autogobierno de Ceuta: “Nosotros consideramos que somos una autonomía y que lo somos porque tenemos competencias autonómicas, porque estamos representados en el Consejo de Política fiscal y financiera, en la Conferencia de Presidentes, y en todas las conferencias sectoriales que tiene el gobierno de la nación con las distintas administraciones autonómicas... y que lo somos porque el Estatuto contempla expresamente la facultad de autoorganizarse”, ha explicado en reiteradas ocasiones tras cada una de las sentencias que lo desmienten.