La reorganización empresarial no convence a UPyD que no descarta acudir a la vía penal


La reorganización empresarial no convence a UPyD que no descarta acudir a la vía penal

- La formación cree que todo lo hecho no es más que una especie de farsa que no se ajusta a la Legalidad vigente

- El partido cree que algunos servicios nunca debieron gestionarse fuera del ámbito público directo y otros nunca debieron asumirse con empresas públicas

- Los de Domínguez apuestan por intentar preservar los empleos dentro del ámbito empresarial y no hacer crecer más la carga pública

El Consejo Territorial de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Ceuta ha abordado el asunto de la reorganización del sector público periférico llevada a cabo por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta y sus conclusiones no son muy distintas que las de la funcionaria que ha recurrido las decisiones tomadas por el Pleno. El partido se a atreve a calificar lo aprobado como “nulo de pleno derecho” y no descarta seguir los pasos de esta funcionaria y recurrir también la reorganización ante la Justicia. Si bien, la formación se ha dado de plazo hasta el 2 de enero, fecha en la que expira el tiempo para presentar recurso de reposición por la vía administrativa para estudiar si acude a la justicia por la vía penal. Recursos que anima a presentar a toda la ciudadanía ceutí, sean o no funcionarios habida cuenta del enorme desaguisado que percibe en esta reorganización.

UPyD cree que no se han preservado los puestos de trabajo de esos entre 700 y 800 trabajadores, al menos no en el sector privado que es dónde la formación cree que se deberían haber preservado y no en el público.

La formación muestra su “repulsa” ante la decisión que cree que es una “injusticia contra los propios trabajadores de las empresas públicas, sobre los que a sabiendas que se comete una irregularidad inviable y hasta un presunto delito, se les intenta incluir en la administración institucional de Ceuta; cuando tanto sus funciones como sus condiciones laborales les abocaban a ellos y a sus empresas a estar en el sector privado de forma natural, de forma que no se perdieran puestos de trabajo, que es el objetivo primordial que debe movernos. Unos adecuados planes de viabilidad como empresas privadas debería haber sido la solución a estos 6 engendros jurídicos. Por tanto lo primero que debió hacerse es preservar los aproximadamente 700 puestos de trabajo en el sector privado”, reflexiona la formación.

Los 6 acuerdos plenarios para crear 6 nuevos organismos públicos, recuerda UPyD que están motivados por la entrada en vigor de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que en su preámbulo deja bien claro de qué va todo esto: “Se trata de impedir la participación o constitución de entidades instrumentales por las entidades locales cuando estén sujetas a un plan económico-financiero o a un plan de ajuste. En cuanto a las existentes que se encuentren en situación deficitaria se les exige su saneamiento, y, si éste no se produce, se deberá proceder a su disolución”, cita la formación magenta.

Así que con ese móvil la formación tiene claro que lo aprobado es una “gravísima irregularidad e injusticia”, “6 actos nulos de pleno derecho y en presunto fraude de Ley, ya que para intentar salvar una situación ilegal se pretende disfrazar mediante decisiones presuntamente ilegales”.

El punto de vista de la formación es que ninguno de los servicios que se han integrado en las nuevas sociedades “han de ser forzosamente gestionados desde la administración institucional local de CEUTA, existen otras soluciones como hemos citado y que podrían proteger sus puestos de trabajo”, insiste UPyD en su apuesta por el mantenimiento de un sector público empresarial saneado y competente.

Una “ceremonia de la confusión” para UPyD que a su vez cree que “algunos de los servicios públicos nunca debieron salir del Derecho administrativo como los servicios tributarios, el cuidado del medio ambiente o las emergencias, por ser genuinamente públicos, y que ahora quieren hacerse volver a la Ciudad Autónoma, y otros nunca debieron gestionarse aunque fuera desde empresas públicas con dinero público. Es un ejemplo más de lo que UPyD-CEUTA viene denunciando desde su constitución hace 6 años, y es la gestión clientelista que ha llevado a un callejón sin salida al ayuntamiento de Ceuta, enfrentando y desprotegiendo a los trabajadores de las sociedades mercantiles públicas que se quieren convertir en organismos autónomos”, afirma la formación..

Y por si todo esto no fuese suficiente, la formación apunta hacia la vulneración de otros principios constitucionales: “Se atenta además contra los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, en el acceso a la función pública, claramente descritos en los artículos 23 y 103 de la Constitución Española, en definitiva unas reglas del juego que nos quisimos dar todos los españoles, y que ahora algunos tahúres de la política nos las quieren hurtar”.

En este sentido, UPyD reparte responsabilidades por igual a Gobierno, oposición y sindicatos. “Ni oposición ni gobierno dan la talla, ni la mayoría de los sindicatos tampoco, y algunos funcionarios de la ciudad autónoma han colaborado y colaboran muy activamente en esta sinrazón, tal y como el Tribunal de Cuentas ha especificado con gran exactitud y minuciosidad, ya que algunos perciben retribuciones de una u otra manera de dichas sociedades mercantiles. De la misma manera y hasta la fecha ni sindicatos ni otros partidos políticos han mostrado interés en que se cumplan las normas al respecto”, afirma la formación.

“Está claro que las sociedades mercantiles citadas, deficitarias; no han sido bien gestionadas por ser claramente ruinosas. Y no responden a las necesidades de la ciudadanía de Ceuta. El caso de PROCESA ha sido denunciado por nuestro partido reiteradamente por no reactivar la economía de Ceuta ni crear empleo para la misma. De la misma manera puede demostrarse la realidad de retribuciones sumamente elevadas en comparación con trabajadores públicos de la misma categoría en varias de las sociedades mercantiles citadas”, prosigue en su crítica la formación.

Convencida de que la razón está en su punto de vista, la formación que lidera Julián Domínguez en Ceuta exhorta al presidente del Gobierno, Juan Vivas, a sus consejeros, a la oposición y a los sindicatos y la Junta de Personal a ser “valientes y honrados” y a que le transmitan la realidad a los trabajadores de las mercantiles públicas y les digan que “esto que están haciendo no solventa sus problemas al ser claramente resoluciones administrativas nulas de pleno derecho. Y ni para la Ciudad, ni para el mantenimiento de sus puestos de trabajo soluciones, llevando a una mayor ruina a esta ciudad que están maltratando con la mayor deuda por habitante de España, sin soluciones de futuro y en un contexto de desorganización y desigualdades evidenciable”.

La reorganización empresarial no convence a UPyD que no descarta acudir a la vía penal