Román alega que el concurso de La Marina se corrige para "disipar dudas" de forma y fondo


Román alega que el concurso de La Marina se corrige para "disipar dudas" de forma y fondo

- La consejera de Fomento niega que los técnicos hayan dado la razón, siquiera parcialmente, al recurso especial de Aróstegui, que según dice no hubiera prosperado

- El Gobierno reconoce que una contratista podría haber paralizado el proyecto y pretende eliminar sospechas de electoralismo o adjudicatario preferido

- El Ejecutivo local asume ahora que la legislación da instrumentos para embridar a las empresas que presenten 'bajas' económicas temerarias

Los técnicos no han dado la razón a Caballas. Si el Gobierno de la Ciudad ha pasado de decir digo a decir Diego en menos de una semana ha sido "para disipar las dudas que la coalición Caballas y Juan Luis Aróstegui pretendían sembrar sobre electoralismo u otros intereses intentando convertir en una cuestión jurídica una posición política". Así ha justificado este martes la consejera de Fomento, Susana Román, la cancelación del proceso de licitación abierto para la remodelación integral de La Marina y su reapertura inmediata, esta vez con el económico como único criterio de adjudicación en liza y sin restricciones añadidas.

Si hace siete días dijo que atender a los argumentos de Aróstegui, que consideraba injustificado limitar a un 10% la 'baja' económica máxima a presentar por las licitadoras, podía conducir al fracaso del proyecto, ahora la consejera entiende que la legislación da instrumentos de sobra para prevenir la llegada de empresas "paracaidistas" que, ofreciendo un precio demasiado bajo, puedan con el paso de los meses acabar dejando el proyecto y a sus trabajadores 'tirados'.

Para mayor abundamiento, Román ha dedicado buena parte de su exposición ante los medios a destacar que desde su punto de vista y del de los técnicos el recurso de Aróstegui tenía pocas o ninguna posibilidad de prosperar.

"El recurso carecía de legitimación activa para ser presentado porque como grupo político Caballas carece de personalidad jurídica propia; porque la figura de concejal, en la que se suele situar Aróstegui para negar el Estatuto, tampoco se la confería; y porque tampoco podía hacerlo como miembro del Consejo Rector de la GIUCE", ha repasado la consejera las "formas" de la iniciativa del localista, que según sus cálculos tampoco se había formulado dentro del plazo establecido.

En los términos de fondo la posición de la Ciudad tampoco ha quedado "jurídicamente desamparada", ha recalcado la miembro del Ejecutivo local, que se ha mostrado "sorprendida" porque se haya interpretado que los técnicos habían dado, siquiera en parte, "la razón" al primer grupo de la oposición.

"Se trata", ha dicho sobre el proyecto, "de una obra compleja en la que, como recomendaron los técnicos y de acuerdo con la legislación, se habían incorporado una 'baja' máxima y unas mejoras [cuestiones "subjetivas" según Caballas como quién organizaba mejor la obra o quién reducía más las molestias] con el fin de garantizar la pronta y mejor ejecución de un proyecto necesario como dicta una sentencia y el estado de la estructura de la zona".

Así las cosas, el Gobierno podía haber optado por seguir su camino "y arriesgarnos a que, a través de una contratista, se volviese a presentar un recurso que sí hubiese paralizado el proceso" o por "evitar la ocasión y, con ella, el peligro". "Aquí no hay ninguna segunda parte, nada oculto, ningún interés electoralista, por lo que para disipar cualquier duda se ha firmado un Decreto de desestimiento que se publicará de inmediato para, a continuación, iniciar el nuevo procedimiento de licitación por la vía de subasta", ha avanzado.

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