Sebastiá llevará este martes a la Eurocámara el rechazo de Caballas a las 'devoluciones en caliente'


Sebastiá llevará este martes a la Eurocámara el rechazo de Caballas a las 'devoluciones en caliente'

- La coalición instará el próximo lunes al Pleno a "rechazar" la legalización de la expulsión al país vecino de migrantes que han pisado suelo español, como pretende el PP

- Los localistas creen que la política de seguridad en frontera tiene que ser rigurosa pero también "escrupulosa y respetuosa con los Derechos Humanos"

El eurodiputado español de EQUO Jordi Sebastiá llevará este martes por la tarde al Parlamento europeo la posición de Caballas contra las denominadas 'devoluciones en caliente' en la frontera de las ciudades autónomas, los procedimientos a los que el PP quiere dar cobertura legal para permitir expulsar a Marrueos a migrantes que ya han pisado suelo español.

"Ante la voluntad del Gobierno de la Nación de introducir las modificaciones legislativas pertinentes para legalizar estas 'devoluciones en caliente' que practican las Fuerzas de Seguridad del Estado en las fronteras de Ceuta y Melilla hemos considerado oportuno coordinar un plan de acción conjuntamente con nuestro representante europeo", ha informado la formación que lidera Mohamed Ali.

El primer grupo de la oposición también llevará, el lunes, una propuesta al Pleno instando a la Corporación a "rechazar la legalización de las 'devoluciones en caliente' que se practican en las fronteras de Ceuta y Melilla promovidas por nuestro Gobierno nacional".

Caballas ha recordado que "esta medida ha sido muy cuestionada desde diversos ámbitos políticos y jurídicos ya que no sólo supone una evidente vulneración de la legislación comunitaria y una contradicción con los acuerdos internacionales suscritos por España a tal efecto, sino también un grave atentado a los derechos humanos que un país democrático no puede asumir".

Los localistas creen que la política de frontera "debe ser escrupulosa y rigurosamente respetuosa con los Derechos Humanos", una "línea roja infranqueable" ante la que "el Gobierno debe aplicar todos los medios necesarios para garantizar la seguridad de nuestro país haciéndolo compatible con una estricta sujeción a la legislación internacional y el máximo respeto a los derechos de los ciudadanos cuyo único delito es buscar una vida digna".

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