El Tribunal de Cuentas remite a la Fiscalía del Supremo 10 expedientes relacionados con Ceuta


El Tribunal de Cuentas remite a la Fiscalía del Supremo 10 expedientes relacionados con Ceuta

- El Gobierno resta importancia a los informes al entender que desde los años fiscalizados ha pasado mucho tiempo y el Ejecutivo ha realizado muchas mejoras

- El PSOE acusa a Márquez de estar a la defensiva y muestra más preocupación incluso "por las palabras del presidente del Tribunal de Cuentas" que por el propio informe

La Comisión Mixta Congreso- Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas se ha celebrado este martes y en su orden del día figuraba Ceuta. En la cita han estado presentes el consejero de Programación y Relaciones con otras Administraciones, Francisco Márquez, y también por parte del PSOE, Gaspar Zarrías para escuchar las explicaciones dadas sobre los informes de fiscalización realizados a la Ciudad Autónoma del periodo 2002 a 2004 y de 2006 y 2007, el primero extraordinario y el segundo ordinario. Esas explicaciones las ha ofrecido el propio presidente del Tribunal de Cuentas (TCu) Ramón Álvarez de Miranda.

Y las versiones que han ofrecido tanto PSOE como Gobierno de la Ciudad son absolutamente opuestas. Mientras el Gobierno ha optado por destacar el reconocimiento efectuado de mejora “considerable en sus procedimientos” durante los años 2006 y 2007 ofrecido por el Tribunal, el PSOE ha optado por destacar que, según Zarrías “el informe del Tribunal de Cuentas demuestra que las cuentas en Ceuta están mangas por hombro”.

Según se recoge en la información ofrecida por el PSOE, el presdidente del Tribunal de Cuentas ha hecho referencia a que “en cuanto a los 50 expedientes de responsabilidad contable abiertos al finalizar el informe de fiscalización de 2004, a día de hoy, 10 siguen vivos, y el Presidente del Tribunal de Cuentas nos confirma, que hay ilícitos penales que han sido comunicados por parte de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas a la Fiscalía del Tribunal Supremo”.

El Ejecutivo ha matizado este miércoles esa información y ha dejado claro que lo que ha hecho el Tribunal de Cuentas es remitir esos diez expedientes en los que ha apreciado irregularidades a la Fiscalía del Supremo, lo que no significa que existan ilícitos penales en los diez. Según el Gobierno aún está por determinar el alcance de las irregularidades que pueden suponer la comisión de delitos penales o simples anomalías contables.

Nada de eso cuenta el Gobierno, según el Ejecutivo, aunque el Tribunal de Cuentas señala algunos errores en los procedimientos, destaca más los avances reconocidos. Si bien acompaña el comunicado con una “respeto” a ambos pronunciamientos del TCu que hace sospechar que las cosas no le han ido tan bien como esperaba. Aunque enfatiza en todo momento que el Tribunal de Cuentas “ha detectado menos deficiencias que en el periodo analizado con anterioridad”.

Además, el Ejecutivo resta importancia al informe al entender que al estar tan alejado el periodo analizado de la actualidad no recoge todos los avances en materia de gestión contable que ha llevado a cabo el Ejecutivo de Vivas, algo que, según el Gobierno, el propio presidente del Tribunal, Álvarez de Miranda, “ha asumido como un reto agilizar los trabajos de la institución durante su Presidencia y tratar de presentar sus informes al Parlamento con más actualidad, dado que ahora lo hace hasta con diez años de diferencia”.

Para Márquez, tal y como recoge el comunicado del Gobierno, esa distancia en el tiempo hace que su validez quede en cuestión, pues el Gobierno ha venido trabajando en “corregir, mejorar y perfeccionar todo lo susceptible de mejora”.

Entre los avances defendidos por Márquez en este tiempo ha destacado tres: el nuevo Reglamento de inventario General, el Reglamento de Subvenciones (surgido a raíz de la desaparición del Consejo de la Juventud de Ceuta), y las Normas internas de Contratacón y realización de pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.

Márquez ha detallado que la Administración puso en marcha en 2005 un proceso de regularización y actualización del inventario que ha consistido, fundamentalmente, en la implantación de una nueva aplicación informática para su gestión, la conciliación de cada ficha de inventario con los mayores de contabilidad y la identificación y delimitación de los inmuebles propiedad de la Administración autonómica, de sus organismos autónomos y de sus empresas públicas y otras entidades que integran el sector público autonómico.

En relación al segundo documento normativo citado, el diputado y consejero ha ahondado en el tema al exponer que con la aprobación por parte de la Asamblea del Reglamento Autonómico de Subvenciones, se garantiza que las subvenciones se ajusten a los procedimientos legales y se respeten los principios de publicidad, libre concurrencia y objetividad en las subvenciones.

Mejoras en materia de contratación

En materia de contratación, ha continuado el consejero Márquez, se han endurecido los requisitos de carácter interno para la contratación de carácter menor en sus diferentes modalidades con objeto de permitir un mayor control y, por ello, tales requisitos se estipulan en las bases de ejecución de los presupuestos anuales. Además, se ha duplicado el personal al servicio del Negociado de Contratación y se ha creado la Mesa de Contratación Permanente, con la incorporación a su composición de una mayoría de personal técnico especializado. De hecho, solo un diputado autonómico está incluido en ese órgano.

Estos no han sido los únicos avances. La lista continúa con la unificación en la Consejería con competencias en materia de Recursos Humanos de todas las competencias de contratación de personal con carácter temporal. Y ese control se ve reforzado con la exigencia establecida en las bases de ejecución de cada presupuesto anual de la necesidad de acuerdo previo del Consejo de Gobierno para cualquier decisión que afecte al capítulo de personal de todo el sector público local.

Por otro lado, el estado financiero de las sociedades mercantiles ha evolucionado de forma positiva y se exige mensualmente que cada una presente una certificación de que no se ha producido incremento de gasto de personal con respecto al mes anterior.

Aunque el Gobierno reconoce deficiencias procedimentales y contables, tal y como señala, el Tribunal de Cuentas al que no lleva la contraria, prefiere destacar que el número de las mismas desciende respecto a otras fiscalizaciones anteriores.

Actitud a la defensiva, según el PSOE

Esa defensa de Márquez ante los informes del Tribunal de Cuentas ha sido entendida por Zarrías como una actitud “totalmente a la defensiva, echando balones fuera” y a Zarrías le preocupa más incluso que los propios informes “las declaraciones del presidente del Tribunal de Cuentas”, según recoge la nota de prensa del PSOE ceutí.

El PSOE ha hecho hincapié en que muchas de las deficiencias detectadas por al Tribunal de Cuentas ya habían sido puestas en conocimiento de la opinión pública por el PSOE.

Carracao ha mostrado su total rechazo a la actitud del Gobierno de la Ciudad, que sigue mostrando la misma desidia ante la situación económica de la Ciudad “una situación, creada y no sobrevenida, una situación que muestra la incompetencia de este Gobierno para gestionar la economía de la Ciudad, y malgastar el dinero público, el dinero de los y las ceutíes”, en palabras del líder socialista que recoge el comunicado del partido.

Por otro lado, Carracao ha señalado que “aunque no tenemos una representación electa desde Ceuta en el Senado, los socialistas creemos en esta ciudad, y así lo muestra también el grupo Parlamentario Socialista en el Senado, que hace unos días presentó una Moción ante la Comisión de Fomento, instando al Gobierno a mantener el actual régimen de bonificaciones a los billetes de avión y barco de los residentes ceutíes, a ejecutar en el menor tiempo posible la moción aprobada por el Senado para la mejora del transporte aéreo y marítimo, así como a instaurar de forma inmediata un sistema para la acreditación de la residencia o empadronamiento respecto de las bonificaciones que sustituya al incómodo sistema actual para la ciudadanía y los ayuntamientos” y continuaba instando al gobierno de la Ciudad a que “pregunte a sus Senadores, Sastre y Sanín, y a su Diputado, Márquez, qué han hecho para que las bonificaciones logradas por el Gobierno socialista para los ceutíes no entren en peligro”.