Mientras el PSOE todavía piensa qué hacer en el Pleno de agosto que se celebrará la próxima semana si se vota la propuesta del MDyC para devolver a la Corporación todas las competencias delegadas en el Consejo de Gobierno en 1995 en materia de contratación, empleo, personal, etcétera, la FeSP-UGT aprieta. Este domingo, en un comunicado, ha vuelto a posicionarse sin reparos ("es vital") a favor de la reversión de "todas las competencias en materia de personal" y de que se "obligue" al PP ahora que está en minoría a "cubrir de forma urgente las plazas de secretario general e interventor y a recuperar la senda de legalidad y transparencia exigible a todo buen Gobierno".
Vox, MDyC y Caballas votarían a favor de la devolución y el PP, en contra, aunque durante los últimos días se está intentando impulsar una tercera vía que pasaría porque solo vuelvan al Pleno las decisiones de mayor relevancia y no todas las competencias íntegras.
La propia central ha justificado su empeño: "Hay quien pensará qué diantres hace un sindicato metido en cuestiones que deberían ser más propios de los partidos de la Asamblea y la respuesta es bien sencilla: no vemos a ningún grupo parlamentario que se haya ocupado de estas graves cuestiones pese a que tienen importantes repercusiones en los empleados públicos de la Ciudad".
Para UGT actualmente "todas las competencias en materia de personal están en manos del Gobierno" y sus actos los informa y certifica "una secretaria general okupa".
"Los que deben controlar la gestión al señor Vivas dependen únicamente de su voluntad política en estos cargos que son retribuidos generosamente: la plaza de la secretaria general no ha sido jamás convocada por concurso durante el mandato de Vivas y el caso de la Intervención es tan grave o quizás más aún porque el okupa no es tan siquiera funcionario de habilitación nacional".
Según los ugetistas, resulta paradójico que "el puesto de menor importancia, el de tesorero, si está correctamente ocupado por un funcionario de habilitación nacional que es Interventor de Clase Superior y que debería por tanto, mientras se convoca el concurso, llevar las funciones de Interventor con todas las de la ley".
FeSP-UGT culpa a Caminero, el interventor de la Ciudad, de poner "toda clase de pegas y trabas a cuestiones que afectan a empleados públicos indefensos ante sus actos" para permitir, ha ejemplificado, "que anualmente nos hurten 220.000 euros que nos corresponden para nuestro plan de pensione, porque salen de nuestra masa salarial consolidada".
"Mientras tanto", ha comparado, "no encuentra ningún problema en que Vivas sea el cuarto alcalde mejor retribuido de España, superando en más de veinte mil euros su límite legal, o les pague la indemnización por residencia o se esté pagando a siete viceconsejeros y 16 directores generales más una subdirectora general cuando no existe consignación presupuestaria para ello".
A la ristra de supuestas irregularidades ha sumado que ambos, también Pastilla, "cobran aparte unas generosísimas dietas por asistir a los Consejos de Administración de las Sociedades Municipales y Organismos Autónomos, pese al informe contrario del Tribunal de Cuentas".
