Hay noticias o anticipos de noticias, compromisos que si no frustra el mercado, amigo, que diría Rato, cambian vidas, las de quienes no son ni mileuristas a cambio de un tercio (por lo menos) de cada día. La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, se han alineado este viernes de forma clara con CCOO para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez incluya en el Real Decreto sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se ha pactado con Podemos subir a 900 euros en 2019 la obligación de pagar el plus de residencia, equivalente al 25% del sueldo base.

Para hacerlo fácil hay que recordar que así se hacía hasta 1994, cuando de repente dejó de aparecer esa obligación (legal desde 1975), y supondrá que nadie cobre, teóricamente, en Ceuta (o en Melilla) menos de 1.125 euros por un trabajo a jornada completa. Y si pasa, quien lo denuncie, si quiere y puede, podrá exigirlo.

Parece que será difícil de explicar que el Gobierno de Sánchez no adopte esta reivindicación cuando se lo pide su Delegación en Ceuta, el Ejecutivo autonómico y el mandato legal recuperado por el sindicato que lidera Jun Luis Aróstegui para beneficiar a cientos o miles de trabajadores de Ceuta y Melilla, directamente a quienes cobran sin Convenio Colectivo y a quienes lo tienen pero con cantidades inferiores.

Mateos ha sido escueta y contundente ante la pregunta: "Nosotros sí". O sea, apoyamos que el Gobierno central obligue a pagar el Plus de Residencia con el SMI y, por lo tanto, así lo pedirá.

Vivas se ha extendido brevemente para llegar al mismo sitio: "Consideramos que el Plus de Residencia es algo que tiene que formar parte de la estructura de las especificidades económicas y fsicales de Ceuta y que se tiene que manifestar en el ámbito público y privado, como hemos aprobado recientemente en el Pleno, y no creemos que se tenga que ver excluido el SMI: comparto la opinión de la delegada", ha remachado.

Poco antes de que el presidente diera su apoyo a la propuesta de CCOO, el portavoz de su Gobierno, Jacob Hachuel, había gambeteado  para no decir ni sí ni no sino todo lo contrario a la propuesta del sindicato: “En principio estamos siempre de acuerdo en favorecer cualquier incremento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, nos parece difícil oponerse a algo así. Pero también hay que contemplar tanto los beneficios como los posibles perjuicios que pudiera conllevar una medida así para las pequeñas empresas de cara al empleo. Habría que estudiar la repercusión con detenimiento".

"Porque ¿por qué un 25 y no un 50 por ciento?", ha dicho Hachuel como si no se hubiera establecido por ley ese porcentaje hace casi medio siglo. "A mí", ha añadido, "como trabajador también me gustaría que todo el mundo ganara más, pero hay que tener cuidado para no perjudicar al empleo. Y en todo caso ese estudio entendemos que lo tendrían que hacer los agentes sociales y económicos, tanto los sindicatos como los empresarios. Les compete a ellos”, ha reflexionado Hachuel sin saber que su 'jefe' poco después iba a apoyar “sin estudio en detalle” y sin cortapisas la propuesta sindical a la que él veía tantos beneficios como riesgos.