"Al margen de la desproporcionalidad”, desde Vox se entiende que “la simple existencia de sentencias judiciales, que ya han anulado previamente nombramientos de viceconsejeros y directores generales no electos en base a la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que considera Ceuta un “ente municipal” y desaconsejan el empleo de este recurso inapropiado para una ciudad como Ceuta”.

La formación de Redondo se opone a estos nombramientos, sumándose a cualquier iniciativa judicial que busque evitar “tal despropósito”· e instanal Gobierno de la Ciudad a que provea fórmulas ajustadas a Derecho, “que garanticen la estabilidad gubernativa que la Ciudad demanda y eviten cargar las arcas municipales y al contribuyente con gastos judiciales totalmente innecesarios y con sueldos de cargos que de antemano se saben que serán objeto de cese”.

Desde Vox alertan del riego de adentrarse en “un laberinto judicial a cargo del contribuyente y cuyo resultado no diferiría, a corto-medio plazo, de los ya producidos con anterioridad dando como resultado el cese de todos los cargos nombrados en tales categorías”.