El Gobierno estudia ahora una naviera pública y prepara una ofensiva para febrero

En la campaña de las elecciones autonómicas del año 2007, el Partido Socialista del Pueblo de Ceuta (Juan Luis Aróstegui) concurrió en solitario, aún sin unión con Unión Demócrata Ceutí y sin crear la marca Caballas. El programa electoral de la formación localista recogía como su medida estrella la creación de una naviera de capital público como herramienta a través de la cuál solucionar la perenne insatisfacción de los ceutíes con el servicio que prestan las navieras de titularidad privada para conectar la ciudad con la península. Desde entonces y hasta hoy la propuesta (prometían billetes a 5 euros el trayecto) ha sido descalificada por imposible desde el punto de vista legal. Lo hizo con dureza el entonces diputado nacional, Francisco Antonio González, Guillermo Martínez, el propio presidente, Juan Vivas y casi cada cargo del Partido Popular al que se le hubiera preguntado por la cuestión. Hasta hoy. Este martes, el Gobierno local ha reconocido haber encargado un informe a sus servicios jurídicos para explorar la legalidad o no de la idea lanzada por primera vez en la primavera de 2007. Ocho años después el Ejecutivo de Vivas ha tomado la idea en serio y ha pedido un informe de carácter técnico para emitir algo más que juicios de valor, sin fundamento a la vista del paso dado ahora.

El reconocimiento lo ha hecho el propio presidente Vivas al hilo de la interpelación presentada por el diputado de Ciudadanos, Javier Varga, al Ejecutivo durante la denominada sesión de Control al Gobierno en su sesión ordinaria del mes de diciembre.

Varga ha preguntado por la anunciada ya hace meses Comisión para el Transporte marítimo de la que los grupos de la oposición nada más han vuelto a saber. En la respuesta el Ejecutivo ha desgranado por boca tanto del consejero de Juventud, Deporte, Turismo y Fiestas, Fernando Ramos, como del presidenta Vivas, que se han repartido los turnos de respuesta al de Ciudadanos, las acciones llevadas a cabo hasta la fecha. De las mismas se deduce que el Gobierno local ha estado realizando movimientos (“trabajando a conciencia”, en boca de Ramos) para lanzar a partir de febrero y de forma conjunta con el resto de grupos de la oposición una especie de ofensiva para tratar de mejorar de una vez por todas los precios en lo que hoy es una barrera para el turismo y para los propios ceutíes, las conexiones con la península.

Además de encargar un informe a los servicios jurídicos para aclarar la viabilidad o no de poner en marcha una naviera con participación pública en mayor o menor porcentaje dentro del capital, el presidente Vivas, que parece haber asumido la casi imposible misión de solucionar el problema, ha dado otros pasos.

Tarifas máximas

El primero se produjo el pasado 15 de septiembre y del relato del Ejecutivo se intuye que es quizás dónde más esperanzas hay depositadas. Vivas acudió a Madrid para mantener diversas reuniones con la Secretaría de Transportes del Ministerio de Fomento y también con el renovado organismo regulador de la Competencia.

El Ejecutivo estudia, según Ramos, “la posibilidad de establecer mayor regulación en las tarifas máximas y las rotaciones” vía reglamentación y también vía nuevo concurso público, el actual, que explota Baleària finaliza el 31 de diciembre de 2016.

Vivas ha sido mucho más contundente en la explicación y ha aclarado que la idea que maneja el Ejecutivo es la de establecer unas “tarifas máximas” tal y como sucede en el sector del transporte aéreo entre las islas y la península, pero para ello ya intuye el Gobierno que necesitarán el apoyo institucional, tanto de Fomento como de Competencia. Se trata de copiar a un sector, el del transporte aéreo que cuenta con muchas más regulaciones que las que soporta la línea del Estrecho.

“La primera respuesta ha sido alentadora”, ha resumido Vivas el ‘feed-back’ recibido tanto de Fomento como de Competencia. Se trataría de dar permisos de navegación a cambio de que las navieras asuman las condiciones: “Usted puede operar pero no puede cobrar más de este precio”, ha explicado Vivas. Aunque de momento, el Gobierno no ha aclarado donde situaría ese precio máximo.

Exceso de rotaciones

Lo que parece tener más claro el Ejecutivo son los ingredientes que acaban por arrojar un plato que no satisface las necesidades de comunicación con la península de la sociedad ceutí. El presidente Vivas ha resumido la cuestión: “Ni los precios ni las rotaciones son las adecuadas. Las rotaciones influyen en el precio por el bajísimo nivel de ocupación debido al número excesivo de rotaciones y al tráfico cautivo (el de los residentes en Ceuta) que alcanza el 50 por ciento y por las subvenciones públicas a la línea”.

Con esos ingredientes y tras comunicar a Fomento la insatisfacción del Gobierno local y de la sociedad y de la mano con Delegación se piensa en la opción de fortalecer la regulación como vía hablando de precio máximo para el que quiera operar o en su caso de la generación de una compañía con participación pública.

Además está la vía del propio concurso cuyos pliegos tendrán que ser renovados a lo largo del próximo año. Y también medidas puntuales como la “tarjeta VIP o el cheque regalo”, que ya están casi operativas y que permitirán rebajar el precio del billete para los familiares y otros colectivos que viajan a Ceuta, sin ser residentes, por cuestiones afectivas, además de incentivar la llegada de foráneos que vengan a comprar. Existen borradores para ambas medidas ya redactados y un principio de acuerdo con una naviera.

Potencial desembarco de una nueva compañía

Y por si fuera poco, el Ejecutivo ha recibido petición de apoyo (“no en forma de subvenciones”, ha aclarado Vivas) para el desembarco en la línea de un cuarto operador que sumaría más rotaciones a las ya “excesivas”, pero incrementaría la competencia. El presidente no ha revelado la identidad de esta compañía.

Y con todo esta batería de iniciativas bien documentada y asentada en informes técnicos y respuestas oficiales de los organismos que al final decidirán, el Gobierno quieren convocar en febrero a los grupos de la oposición a la mencionada comisión por la que preguntaba el diputado de Ciudadanos, Javier Varga. Y lo hará “con una posición fijada por parte del Gobierno y sustentada en informes suficientes para que a su vez sea la Asamblea la que tome posición al respecto” con la idea de hacer aún más fuerza para tratar de resolver de una vez por todas el problema y allanar el camino de salida para los ceutíes que quieren o tienen que viajar y a su vez el de entrada de potenciales turistas peninsulares que quieran comprar en la ciudad o simplemente dar una vuelta.