El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha acordado volver a reunirse durante la primera semana de septiembre para restablecer la aplicación de todos los extremos del pliego en virtud del cual la empresa ‘Marina Hércules S.A.’ (Mahersa) recibió la adjudicación de la gestión del puerto deportivo de la ciudad autónoma, parcialmente modificados al entender la institución que preside José Torrado que no podía hacer frente a sus obligaciones íntegramente y que concurrían circunstancias imprevistas que justificaban una enmienda temporal de las condiciones de la concesión.

Así, según han explicado fuentes de su órgano rector, la Autoridad Portuaria volverá a ingresar alrededor de 250.000 euros anuales en concepto de canon y Mahersa se verá liberada de las restricciones añadidas sobre sus tarifas, libertad que hasta ahora tenía restringida.

'Marina Hércules S.A.' se hizo cargo de la concesión demanial para un periodo de 30 años de la gestión del Puerto Deportivo de Ceuta a primeros de mayo de 2006 después de que la Autoridad Portuaria tuviese que convocar hasta en tres ocasiones el correspondiente concurso público, al que finalmente fue la única concurrente después de que otros interesados considerasen "inviable" su rentabilidad en los términos establecidos legalmente (415.000 euros de tasas) y atendiendo a la realidad del puerto local.

El Reglamento de explotación de la dársena deportiva aprobado en 2008 establece que “la utilización de un servicio portuario, o la mera titularidad de un derecho de uso sobre cualquier elemento portuario, incluso en el caso de que no se utilice, devengará a favor de la concesionaria la correspondiente tarifa y el derecho de cobro de los gastos generales soportados por la misma”.

Apenas tres semanas después de hacerse cargo de la dársena, los usuarios denunciaron públicamente que el nuevo cuadro tarifario propuesto por 'Mahersa' (a cuyo frente figuran José Manuel Ávila, número 25 de la candidatura del PP de 2011, y Aurelio Puya, cuñado del presidente Vivas) alcanzaba incrementos de precios de un 30% cuando, según su criterio, las bases del concurso impedían subir las tarifas más de un 10%. La empresa alegó que los mejores precios conllevarían mejores servicios.

Desde entonces, los conflictos no dejaron de crecer hasta llegar a los Juzgados. En 2007 estallaron las críticas de los usuarios por carecer de grúa y porque se "amontonasen" los barcos en los pantalanes, así como por el cobro de servicios "que no se prestan". En enero de ese año ya se señaló a la Autoridad Portuaria como responsable última por "no tomar cartas" en asuntos como el uso comercial del aparcamiento que rodea la lámina de agua del Puerto Deportivo "cuando el Pliego de condiciones estipula que es de uso exclusivo de usuarios y personal autorizado", entendían los denunciantes.