El procedimiento judicial que sentará en el banquillo a Torrado, se inició a raíz de una denuncia interpuesta en octubre de 2011, por la Asociación de Usuarios del Puerto Deportivo, por la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación en febrero de 2006 a Marina Hércules S.A. (MAHERSA) de la concesión para su explotación de las instalaciones náutico-deportivas del Puerto Deportivo de Ceuta, una empresa, MAHERSA, que es presidida por otro diputado del Gobierno de Vivas, José Manuel Ávila Rivera.

La Fiscalía solicita para Torrado cinco años de prisión y quince de inhabilitación absoluta por el delito de malversación, además, debería restituir a la Autoridad Portuaria 1.476.889 euros.

El juez ha impuesto también al presidente de la Autoridad Portuaria el pago de una fianza de 2.076.582,13 euros para cubrir las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del proceso.

El PSOE de Ceuta ve de suma gravedad estas acusaciones, suficientes para ordenar su cese inmediato, ya que sus actuaciones son incompatibles con la defensa de los intereses generales. Ceuta no se merece tener ni un momento más a un Presidente de la Autoridad Portuaria en el banquillo.

Desde Daoiz se espera una actitud, por parte de Vivas, "mucho más responsable, seria, rigurosa y contundente en un asunto en el que solo cabe una decisión, y es la del cese de José Torrado". "Pero además, debe dar unas explicaciones claras y convincentes sobre la relación que presuntamente pudiera existir entre las imputaciones, de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, al Presidente de la Autoridad Portuaria y los socios de MAHERSA que tienen una vinculación más estrecha con el Presidente de la Ciudad, como son el diputado del PP, antes referido, y un familiar cercano", reclaman.

Por su parte, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) recuerda que ya exigió el 18 de mayo del año pasado el cese inmediato del José Francisco Torrado López como Presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta debido al auto de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección Sexta por la que se ordena la continuidad del procedimiento por la concesión de las instalaciones del Puerto Deportivo a la empresa Mahersa. Tras conocerse  el auto de apertura de juicio oral donde se le imputa a Torrado los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por la concesión a una empresa, Mahersa, presidida por un diputado popular, José Manuel Ávila Rivera.

En el auto de la Audiencia, apuntan desde MDyC, se lee que “La actuación de José Francisco Torrado López que resulta de las actuaciones contribuye a dotar de mayor justificación a la versión que ha venido sosteniendo la recurrente. (…) Bien fuera  para beneficiar a aquélla (la entidad concesionaria) o por otros móviles,(...) no sólo habría llevado a cabo una actuación que, conforme a los datos de los que se dispone, aparentemente sería contraria a la legalidad, sino que, además, groseramente quebrantadora de las normas desarrolladas de la explotación por terceros del dominio público portuario en virtud de una concesión, lo que hace que sea más racional esa conducta de colaboración que se le atribuyó en la querella que la inocua que  entendió el instructor en la resolución recurrida”.

Para el MDyC la actuación que describe el auto es suficiente para ordenar el cese “puesto que su conducta, a pesar de la presunción de inocencia, no parece acorde con la defensa de los intereses generales, aparte de que consideremos que la gestión del Puerto que realiza este miembro de la Corte de los Milagros del Sr. Vivas ha provocado su crisis, tanto es así que su inacción ha causado que la seguridad haya pasado a ser el principal problema que tiene que solventar, no que el puerto apenas tenga actividad”.