Bruselas dará hoy su opinión sobre la normativa española de hipotecas. Tan solo un mes después de que el Tribunal de Luxemburgo diera un varapalo a la norma que ha permitido el desahucio de decenas de miles de personas por considerarla incompatible con la directiva europea de protección de los consumidores, el Parlamento Europeo examinará las peticiones de amparo presentadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), así como la de inversores minoristas que se consideran estafados por la venta de participaciones preferentes.

La Comisión Europea, que estará presente en el proceso, también se pronunciará sobre unas prácticas que se han colocado en el centro del debate político español.

Primero comparecerá la portavoz de la PAH, Ada Colau. Tras su exposición, intervendrán los funcionarios de la Comisión Europea. Esta podría decidir cerrar el caso —algo muy poco probable, según fuentes parlamentarias— o mantenerlo abierto para seguir investigando.

Al final del proceso, si el Ejecutivo europeo detecta aspectos irregulares podría iniciar un procedimiento de infracción al Gobierno español. Otra posibilidad es que se decida enviar cartas a las autoridades españolas pidiendo más información o mandar una misión de técnicos al país para investigar más a fondo lo sucedido.

La asociación de defensores a los desahuciados denunció al Gobierno español ante la Eurocámara por incumplir el artículo 47 de la Constitución española, que asegura a todos los ciudadanos el derecho a una vivienda digna. Colau reclamará también la introducción de la dación en pago retroactiva y en todos los casos; y no solo cuando hay acuerdo entre entidades financieras y clientes, como ocurre en la actualidad.

La Comisión de Peticiones de la Eurocámara recibirá también a varios preferentistas que denunciarán ser víctimas de una estafa. Argumentarán que las autoridades españolas incumplieron la directiva europea que protege a los ahorradores. La Comisión Europea también dará su opinión sobre este asunto.