El borrador del anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que aterrizará hoy en el Consejo de Ministros se enfrenta a un doble reto. Por un lado: mejorar la norma que viene a cambiar, que, si bien quedó obsoleta, ha despertado un razonable consenso en sus 27 años de vida, al menos en los sectores industriales (radios, televisiones, editoriales, discográficas…) y en las entidades de gestión. Y por otro: calmar los ánimos calientes de un gremio que tiende con facilidad a encenderse. Como prueba de esa costumbre computa el hecho de que cuando el anteproyecto pasó el trance ministerial en marzo pasado se prometió que la reforma estaría en vigor a finales de 2013. Bien, si supera el trago de hoy, aún le quedaría hacer lo propio con el trámite parlamentario antes de su aplicación.

En estos meses, casi un año, ha habido tiempo para aprobar una reforma del Código Penal, según la cual el dueño de una página de enlaces puede ser condenado hasta a seis años de cárcel por dedicarse al negocio lucrativo de indicar el camino a sus usuarios a los servidores que alojan masivamente contenidos sujetos a derechos de autor. También, para tratar con los implicados de amasar un articulado polémico. Aunque, muchos aseguran, no lo suficiente. Es un comentario general entre las fuentes consultadas que la Secretaría de Estado de Cultura no ha estado a la altura de sus promesas de dialogar con las partes aludidas.

Sin ir más lejos, la semana pasada, cuando todo el mundo dio por sentado que el texto entraría en el último Consejo de Ministros, la cosa quedó retrasada, tal fue enfrentamiento entre los ministerios de Industria y Cultura, los de Economía y Cultura y entre la secretaría de Estado de Turismo y… Cultura. ¿Las razones? En uno de los varios borradores que han circulado en este tiempo, cumpliendo con la clase de ceremonia de la confusión que suele ser norma en este ámbito, figuraba la intención de establecer un sistema de ventanilla única para el cobro de derechos de autor que beneficiaba a la SGAE y enfadaba al resto de las entidades de gestión. Además, molestaba que se estableciesen controles sobre las tarifas del resto y no sobre las de la sociedad de autores, así como el hecho de que no se controlase el doble pago: España es ese raro país en el que radios, televisiones y otros suministradores de contenidos tiene que pasar por caja dos veces. En origen (a entidades que velan por los intereses de, pongamos, los productores de Hollywood) y aquí, a las ramas locales que representan a estas.

El aumento del control sobre las entidades de gestión era precisamente otra de las metas que se fijaron los redactores del texto. Hoy se sabrá si esos deseos trascenderán al tan político acto del brindis al sol.

En ese sentido, uno de los puntos más esperados de la reforma es el tratamiento que depare esta a Google y otros agregadores de noticias. Radios, televisiones y editores de diarios confían en que el texto contenga algún derecho de remuneración por el empleo lucrativo que de sus contenidos hacen los agregadores de información.

La reforma también estaba llamada a dar rango normativo al nuevo régimen de compensación por copia privada, que viene a sustituir al viejo canon digital por un sistema con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y que implica, desde su adopción por real decreto a finales de 2011, que las entidades pasaron de cobrar 115 millones anuales por ese concepto a tener que conformarse con cinco.

Ese nuevo régimen fue uno de los puntos clave de la crítica recibida por el texto, que sufrió un severo varapalo al pasar el trámite del Consejo de Estado. El organismo criticó en su informe varios puntos del anteproyecto. “Presenta elementos de dudosa conformidad con el Derecho europeo [en materia de comensación por copia privada]” y “puede derivar en la ilegalidad de numerosos hábitos de la sociedad española relacionados con la copia de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual”, se podía leer.

El organismo no se mostraba especialmente convencido tampoco respecto a las dos secciones de la Comisión de Propiedad Intelectual –la segunda es la que creó la ley Sinde para perseguir la piratería informática- : “Su estructura no se compadece con la importancia de las funciones que se les encomiendan. La reducida dotación de personal y la falta de determinación de los requisitos exigibles a sus miembros para garantizar el adecuado desempeño de las funciones que se les atribuyen, unidas a la previsible escasez material y económica con la que contarán dichas Secciones, serán obstáculos notables”.

Según informó Efe la semana pasada, Adepi, entidad que agrupa a las ocho entidades gestoras de derechos de autor en España, emitió una nota en la que considera que la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy "arruinará al sector cultural". En él se denunciaba que no se ha contado con el sector de la cultura, "cuyos derechos de propiedad intelectual pretende regular".

"Tampoco ha tenido en consideración las recomendaciones del Consejo de Estado ni del Consejo General del Poder Judicial, contrarias en muchos aspectos al proyecto elaborado por el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, y su equipo", agregaba el texto.