El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular desde hace 24 años, se ha mostrado dispuesto hoy a estudiar la reducción de la velocidad máxima en determinadas vías urbanas de 50 a 30 kilómetros por hora. El Gobierno municipal ha rechazado la proposición de Izquierda Unida de aplicar este límite a toda las calles residenciales (afectaría a los barrios, pero no a la M-30 o a la Castellana, por ejemplo). Sin embargo, sí ha aceptado considerar la propuesta caso a caso, en el marco del nuevo plan local de movilidad, ahora en preparación, y una vez la Dirección General de Tráfico fije el marco normativo. En su último borrador de Reglamento General de Circulación, la DGT propone que el límite general en vías urbanas sea 50 kilómetros por hora, pudiéndose rebajar de forma discrecional a 30 en las calles de un solo carril y sentido único, y a 20 en aquellas con una plataforma única para vehículos y peatones.

La concejal Raquel López (Izquierda Unida) ha llevado esta mañana al Pleno municipal la iniciativa de un comité ciudadano europeo para que el límite máximo en todas las zonas urbanas residenciales de la Unión Europea sea 30 kilómetros por hora. La Comisión Europea registró la iniciativa, que podría convertir en ley si logra reunir un millón de firmas antes del próximo mes de septiembre procedentes de al menos siete países de la UE. En España, abanderan la recogida de firmas desde el pasado 4 de diciembre las organizaciones Ecologistas en Acción, Stop Accidentes, Andando y Conbici.

Dos tercios de los siniestros de tráfico mortales en Europa, alrededor de 20.000, ocurren en calles urbanas, y el 48% de las víctimas son peatones y ciclistas, según los datos de la Comisión Europea. En Madrid, el Ayuntamiento, gobernado por Ana Botella, presentó el pasado mes de julio un plan de seguridad vial para reducir las víctimas de accidentes de tráfico de las 30 de 2011 a 25 en 2015. La mitad de los fallecidos eran peatones; en 2011 perdieron la vida 15, pero el Ayuntamiento de conforma con que en 2015 sean... 17. En cualquier caso, el plan presentado en julio, de 88 páginas, no incluía ni una sola medida concreta.

Madrid ocupa 60.430 hectáreas, de las que 4.180 corresponden a la almendra central, delimitada por la M-30. Cuenta con 3,27 millones de habitantes; el 31% de ellos vive en el centro. El parque de automóviles asciende a 1,8 millones, y cada día se registran 2,5 millones de viajes en vehículo privado. Hay 13 líneas de metro, una red de 281 kilómetros con 233 estaciones; y 216 líneas de autobús urbano. En el área de prestación conjunta, que incluye además a otros 39 municipios, operan 15.708 taxis, con un volumen de viajeros superior a los 550.000 al día. Existen 272 kilómetros de carril bici; este medio de transporte supone el 0,6% de los desplazamientos de los madrileños.

En el año 2000, se registraron 104 víctimas de accidentes de tráfico en la capital. En 2007, fueron 57. El objetivo del exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011) para 2010 fue rebajar la cifra a 52: fueron 33. Se intentó además recortar el número de peatones atropellados, desde una media de 1.767 en los años 2003-2007 hasta 1.325 en 2010. Ese objetivo no se alcanzó: en el último trienio, la media solo se rebajó un 6%, hasta los 1.657 anuales. El año pasado fueron 1.455, según ha señalado Izquierda Unida. Los mayores son los más susceptibles de sufrir atropellos: en 2011, una de cada tres víctimas era mayor de 60 años, mientras que en 2005 eran una de cada cuatro.

Raquel López ha destacado que reducir el límite de velocidad no solo multiplicaría por nueve las posibilidades de sobrevivir a un atropello (del 5% al 45%). Además, ha dicho, se rebajaría el ruido (hasta tres decibelios) y la contaminación (Madrid incumple la normativa europea precisamente por la polución de los coches), se ahorraría combustible y se inculcarían hábitos más saludables (caminar, ir en bicicleta) a todos los ciudadanos y, sobre todo, a los niños, que constituyen un tercio de las víctimas de atropellos en la ciudad. Izquierda Unida ha pedido así al Ayuntamiento que "sea vanguardia" y demuestre "que lo natural es ir a 30, no a 50".

El concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Juan Antonio Gómez Angulo, ha dicho compartir esos fines, e incluso la herramienta para conseguirlos, es decir, la reducción del límite de velocidad. Sin embargo, "por razones puramente procesales" ha considerado "no procedente sumarse a esa iniciativa europea. En primer lugar, porque "desvirtuaría" el propósito del proyecto, que es, ha dicho, homogeneizar la velocidad en todas las urbes. "Los límites los marca el

Reglamento de Circulación, que da homogeneidad; esta iniciativa provocaría confusión en los conductores, y no se podría garantizar el conocimiento de los límites por parte de todos ellos", ha añadido.

Gómez Angulo ha indicado que en la capital existen 853 vías en las que la velocidad máxima es inferior a los 50 kilómetros por hora. En concreto, son 225 calles residenciales con un límite de 20 y prioridad peatonal; 26 zonas 30, también con prioridad peatonal; y 602 en las que el límite es total o parcialmente esos 30 kilómetros por hora. La concejal socialista Ruth Porta ha coincidido filosóficamente con el criterio del PP ("lo más aconsejable es hacer un estudio sobre en qué calles poner ese límite y trasladarlo al plan de movilidad ahora en proceso de elaboración, porque imponer un criterio general generaría más problemas"). El concejal Jaime Berenguer, de Unión Progreso y Democracia, ha coincidido con los fines pero no con las formas, considerando la proposición de Izquierda Unida como "una ocasión perdida". Tanto los socialistas como UPyD se han abstenido.