Un inmigrante en situación irregular enfermo de cáncer que dejará de recibir su tratamiento de radioterapia y quimioterapia. Un lesionado medular que tendrá que pagar una parte de su silla de ruedas y del transporte medicalizado que le lleva varias veces por semana a recibir su tratamiento. Una persona con un ictus que tendrá que abonar un porcentaje de los preparados nutricionales que debe recibir por sonda. Personas con nombres y apellidos que, desde el 1 de septiembre, quedan excluidas de la atención normalizada o que tendrán problemas para seguir su tratamiento médico. Estas son algunas de las consecuencias de las medidas sanitarias del Gobierno, que con el argumento de la insostenibilidad del sistema nacional de salud, ha iniciado una verdadera contrarreforma.

El proceso es equiparable, pero a la inversa, al puesto en marcha hace 26 años por el ministro socialista Ernest Lluch, que supuso la creación del sistema actual y universalizó la sanidad, aumentando la cobertura a ocho millones de personas que hasta entonces quedaban fuera del paraguas sanitario.

Así, el Gobierno establece un nuevo sistema que restringe la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, unos 153.000 en toda España, que solo podrán acudir a urgencias; crea un nuevo sistema de copago farmacéutico por el que los pensionistas, por ejemplo, tendrán que pagar por primera vez por los fármacos; un modelo que incluye también fórmulas de pago en la prestación ortoprotésica (como sillas de ruedas) o en los preparados dietoterápicos que muchos enfermos necesitan para vivir

El decreto de medidas urgentes publicado esta semana en el BOE, con el que el Ejecutivo de Mariano Rajoy piensa ahorrar 7.200 millones, supone un verdadero cambio de modelo por el que los pacientes dejan de ser ciudadanos para pasar a la condición de asegurados en el mejor de los casos. O invisibles ante el sistema, en el peor.