Hace tiempo que la Comisión Europea dejó claro que los beneficios fiscales que las tres provincias vascas concedieron a sus empresas durante los años noventa eran ilegales. El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que España debía recuperar las ayudas concedidas; y ahora vuelve a la carga. Luxemburgo admite que el dinero (unos 500 millones de euros) ya se ha devuelto en su totalidad, pero fuera de plazo. Por ello, la abogada general del Tribunal recomienda que se imponga a España una multa de 50 millones.

“Tanto la cuantía de las ayudas ilegales como la demora en su recuperación son considerables y parece que las autoridades españolas han dedicado una gran cantidad de tiempo y de energía a intentar aminorar las cantidades que debían recuperarse, a menudo aportando detalles excesivos que entrañaban más dilaciones”, señala el Tribunal de Luxemburgo. La recomendación de sanción que hace ahora la abogada general, Eleanor Sharpston, no obliga al Tribunal, pero en el 80% de los casos sigue sus recomendaciones. Habrá que esperar unos meses para conocer la multa definitiva.

El propio Tribunal de Justicia admite que la sanción de 50 millones es elevada –“mayor que cualquier otra suma a tanto alzado impuesta anteriormente”-, pero considera que se trata de una medida ejemplarizante. “Probablemente tendrá un fuerte efecto disuasorio en todos los Estados miembros”, añade Sharpston. Luxemburgo justifica esta alta cuantía en la gravedad de lo ocurrido: “Se trata de ayudas de Estado de importes más elevados que en asuntos similares anteriores […] De tal gravedad como para afectar al comercio entre Estados miembros durante un periodo de tiempo considerable”, concluye.

El caso se remonta a 2001, cuando la Comisión exigió la devolución de las ayudas ilegales concedidas en virtud de seis regímenes fiscales en las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y Vizcaya. Las ayudas se concedieron en forma de créditos fiscales correspondientes al 45% de las inversiones que superaban los 15 millones de euros y de exenciones fiscales temporales para reducir el impuesto de sociedades a las empresas de nueva creación durante los cuatro primeros años en los que obtuvieran beneficios. El régimen fue derogado, pero las ayudas han tardado 12 años en recuperarse.