Los localistas de Ali y Aróstegui forzarán al Gobierno de la Ciudad y al PP a posicionarse, de nuevo, de forma clara e inequívoca con el logro de instalar una unidad de radioterapia en la ciudad. Lo harán en el Pleno ordinario de diciembre que se celebra esta semana. Caballas planteará una iniciativa para que el Pleno acuerde “reafirmar el compromiso de la Asamblea con la iniciativa de implantar una Unidad de Radioterapia en nuestra ciudad” y también “promover cuantas actuaciones fuera precisas, incluidas las negociaciones pertinentes con el Ingesa para lograr la construcción y puesta en marcha efectiva de la unidad de radioterapia”.

La propuesta pretende cortar el paso atrás dado de forma pública por el máximo responsable del Ingesa en la ciudad y forzar que se siga trabajando a favor del “clamor popular” que reclama la unidad  para evitar “a los pacientes afectados por enfermedades oncológicas el calvario que supone dispensar este tipo de tratamientos en instalaciones de la península”.

Un “clamor popular”, que tal y como recuerda Caballas ya forzó a que el Pleno aprobara la medida, logrando desde la opinión pública una adhesión unánime a la misma de instituciones, partidos, agentes sociales y prácticamente todo el mundo.

“En cumplimiento de este acuerdo, la Ciudad ha llevado a cabo todas las actuaciones precisas para adjudicar la parcela a la empresa que, en principio, y según todos los indicios, y declaraciones oficiales, debía ser la encargada de construir y explotar la unidad de radioterapia mediante un convenio con el Ingesa”, recuerda Caballas en su propuesta.

Todo parecía marchar, hasta que “el Ingesa, a través de uno de sus máximos responsables, ha irrumpido por sorpresa a través de los medios de comunicación cuestionando la viabilidad del proyecto y desmarcándose, de hecho, de su futuro desarrollo”. Motivo este por el que Caballas forzará al Pleno a volver a pronunciarse para ver si el PP, el mismo partido, que nombró a ese responsable de Ingesa ha cambiado de idea.

Un cambio que probablemente tendría consecuencias no sólo sanitarias, también políticas, habida cuenta de que “la opinión pública ha recibido estas declaraciones con estupor no exento de indignación. Nadie puede entender lo que está sucediendo”, apunta Caballas en su argumento para la propuesta. Y añade: “La Ciudad no puede permitir que esta noble iniciativa, que ha concitado tal grado de consenso, incluyendo instituciones y administraciones públicas, se vea arruinada por capricho de nadie sabe muy bien quién”.