El Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta ha dictado orden de sobreseimiento y archivo de la querella presentada por la asociación Conciencia Libre contra la consejera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Susana Román, el interventor de la Ciudad, José María Caminero, y el ex consejero de Hacienda y senador por Ceuta, Guillermo Martínez. Así lo ha anunciado la Ciudad en un escueto comunicado de prensa

Este auto, precisan desde la Ciudad, es susceptible de recurso y recuerdan que la denuncia hacía referencia al pago de facturas relacionadas con la publicidad a Ceuta Televisión.

Según han informado fuentes judiciales, en el caso de Román y Caminero, que ya habían declarado como investigados, la resolución judicial, que “entra en el fondo del asunto”, considera que ninguno de los dos tenía competencias en el ejercicio de sus cargos en relación con los hechos denunciados. Sobre Martínez, el auto indica que para atribuirle los presuntos delitos señalados debería existir constancia de un requerimiento expreso del cumplimiento de una resolución al que se hubiese negado.

Así, el juez concluye que sin indicios de “criminalidad” no procede remitir las diligencias a la Sala II del Tribunal Supremo, que habría sido la competente para continuarlas teniendo como involucrado a un aforado que atendió la invitación del instructor para declarar voluntariamente sobre el caso.

El Juzgado de Instrucción número 5 pone así punto final a un breve proceso de investigación por la implicación en presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y desobediencia de Román, José María Caminero, ambos como investigados y del senador Guillermo Martínez, en calidad de testigo por su condición de aforado. Los tres fueron citados a declarar el pasado 8 de septiembre, declinando hacerlo; sí lo hizo en aquella ocasión el denunciante, la asociación Conciencia Libre, a través de su portavoz.

Falta el Tribunal de Cuentas

Las diligencias se referían al mismo asunto que está revisando también el Tribunal de Cuentas, en este caso a instancias de la empresa editora de 'El Faro'. En concreto, se investiga si los pagos de publicidad a la empresa editora de 'Ceuta TV' desde que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) notificó la estimación total del recurso presentado por el periódico contra una sentencia del Contencioso-Administrativo local por la licencia de emisión en TDT.

Pese a la sentencia, 'Ceuta TV' siguió emitiendo hasta que en 2015, definitivamente, el Gobierno de Vivas le retiró la licencia para emir en la TDT. Pero, desde 2012 hasta 2015, el Ejecutivo no ejecutó la resolución judicial y siguió contratando publicidad por valor de 786.342,82 euros, según la denuncia de 'El Faro'". El Gobierno, con el presidente al frene, defendió la gestión de los tres implicados e incluso Vivas se mostró convencido de que sus consejeros siempre habían actuado "de manera correcta".

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