POR PRESUNTA PREVARICACIÓN

La Audiencia anula por falta de motivación el auto que llevaba a juicio a Ramos y Caminero por La Hípica

La Audiencia anula por falta de motivación el auto que llevaba a juicio a Ramos y Caminero por La Hípica
Ramos, durante un Pleno.
Ramos, durante un Pleno.  

La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz ha anulado el auto dictado en junio por el Juzgado de Instrucción número 6 en el que, sin más argumento, se apreció base suficiente para llevarles a juicio oral por presunta prevaricación administrativa en la gestión de La Hípica. La Audiencia ha estimado los recursos interpuestos con la adhesión de la Fiscalía por las defensas del consejero Fernando Ramos y el interventor de la Ciudad, José María Caminero y ha acordado “retrotraer las actuaciones al momento inmediato anterior” a fin de que se dicte otro “que cumpla los requisitos legales y las exigencias de motivación”.

Para la Sala “la resolución recurrida carece de cualquier referencia a los hechos objeto de investigación, de concreción de los delitos atribuidos y por supuesto de motivación mínima” porque “en los antecedentes solo relata que el apelado presentó una denuncia en Fiscalía” y “tampoco aclara mínimamente los hechos en los razonamientos jurídicos”.

“El auto no solo carece de hechos sino que la motivación no cumple las exigencias mínimas, sobre todo en un caso como el actual  cuando se trata de dos personas imputadas por un solo delito de prevaricación sin especificar su participación ni concretar mínimamente lo sucedido o investigado”, remarca la resolución dictada por la Audiencia Provincial, que estima que “en este caso es obvio que, pese a lo señalado por la parte apelada, la ausencia de una narración de hechos y de una mínima motivación impide a los investigados conocer los hechos que les atribuyen, siquiera los delitos y menos las razones de dicha atribución”.

Ramos pidió tanto la anulación del auto por falta de motivación como el sobreseimiento de la causa por considerar demostrado que tanto en “la actuación de técnicos y políticos de la Ciudad en la gestión” del Centro Ecuestre como “tras el cese  del convenio entre esa institución y el denunciante [Javier Pérez] no hubo irregularidad alguna sino una actuación urgente para paliar el abandono de los caballos  plasmada en la suscripción de una serie de contratos menores para atender cuidado veterinario, alimentación y limpieza de la ganadería equina”. El consejero ha hecho hincapié en que “consta que los contratos se cumplieron” y en que no hubo ni delito de prevaricación “ni de malversación de caudales públicos”.

La defensa del interventor recurrió el auto por “la ausencia de argumentación de la resolución” y alegó que las diligencias practicadas descartaban “datos indiciarios para estimar que los hechos denunciados fueran constitutivos de infracción penal alguna” o que Caminero dictase “resolución alguna por carecer de potestad para ello”.

La Fiscalía se adhirió a las posiciones de las defensas al no apreciar indicios de prevaricación “ya que había razones de urgencia y necesidad para realizar una serie de contratos menores para hacer frente a las necesidades” de La Hípica.

Las acusaciones, Pérez y la asociación ‘Conciencia Libre’ sí presentaron escrito de acusación por supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, según fuentes judiciales.

Antecedentes

Pérez, ex director técnico del Centro Ecuestre JP, denunció “persecución” hacia su persona y la división en 22 contratos menores "ajustados en duración según conveniencia a menos de 18.000 euros" las necesidades de la Escuela Hípica que gestionó durante años sin concurso público. Con esos contratos se cubrió el periodo del 1 de noviembre de 2015 al 30 de junio en materia de alimentación de animales, veterinaria, herraje y mozos de cuadra. En paralelo, JP, que reclamaba más dinero cobró por el servicio de monitores.

El propio interventor reconoció en junio de 2016 que encadenando contratos menores se había incurrido en un modo de proceder "de carácter un tanto irregular" asumido solo "en el bien entendido que se iba a instruir un procedimiento público de adjudicación, mediante la convocatoria de un concurso, siendo el sistema de este periodo un medio transitorio para cubrir el periodo de convocatoria y de adjudicación del mencionado concurso”. Por todo ello puso pie en pared y exigió acabar de raíz con ese sistema ‘transitorio’ desde el 1 de julio de año pasado.

Entre dudas sobre cómo se financiaba el servicio, si los dueños de caballos pagaban o no por su pupilaje,  etcétera, al final no hubo licitación porque se argumentó que obligaría a cerrar el Centro Ecuestre varios meses. Sí se llegó a un acuerdo con Pérez para alquilarle cuarenta animales (18 ponis y 22 caballos por unos 2.500 euros mensuales) y la gestión de la Hípica se dejó en manos de la Federación a través de un convenio.