La versión oficial de la tragedia del Tarajal, la que dice que todos los subsaharianos murieron en aguas marroquíes, no está "acreditada". No lo dicen las oenegés sino el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que este viernes, coincidiendo con el primer aniversario del suceso, ha rechazado ser competente para investigar y ha devuelto el tema al Juzgado de Ceuta, cuya titular ha querido inhibirse contra el criterio de la Fiscalía y las acusaciones particulares.

"A la vista de las actuaciones llevadas a cabo por el Juzgado de Ceuta cabe concluir que existe una certeza, que la actuación de la Guardia Civil se produjo en y desde territorio español, y una cuestión no acreditada, si las muertes se produjeron en España, en Marruecos o en territorios de ambos Reinos", resuelve el magistrado, a cuyas conclusiones íntegras ha tenido acceso Ceutaldia.com.

En un auto firmado el 29 de enero y cuyo contenido ha adelantado Europa Press, el magistrado señala, como la Fiscalía de Ceuta, que no procece aceptar la inhibición acordada por el Juzgado de Instrucción número 6, desde el que ahora se puede plantear conflicto de competencia ante el Tribunal Supremo.

Andreu argumenta que en este momento procesal no está acreditado si las muertes de los migrantes se produjeron en España, en Marruecos o en territorios de ambos reinos, puesto que los cadáveres se rescataron tanto en aguas marroquíes como en aguas españolas, "siendo así que las corrientes marinas pudieron haber trasladado los cuerpos a uno u otro lado".

No obstante, aunque resultase probado que las muertes se produjeron en el Reino alauita, el Juzgado Central de Instrucción número 4 concluye que el competente es en todo caso el Juzgado de Ceuta según la doctrina jurisprudencial de la "ubicuidad" aplicable al caso. El Ministerio Fiscal también informó en el sentido de que los hechos investigados y realizados por la Guardia Civil lo fueron en Ceuta, correspondiendo la competencia para conocer de los mismos al Juzgado de Instrucción que inició las pesquisas.

Si bien el lugar de la muerte está por acreditar, según señala Andreu en su auto, cabe concluir como "certeza" que la actuación de la Guardia Civil se produjo "en y desde territorio español sin que nadie ponga en duda esta circunstancia". Añade eso sí que no puede afirmarse con rotundidad que dicha actuación fuera la causa de la muerte de los migrantes .

"Acción y resultado son elementos del tipo"

Por lo que se refiere a la competencia, Andreu explica la doctrina aplicable al caso aceptada por el Tribunal Supremo desde 1992 al decir que "tanto la acción como el resultado son elementos del tipo", y en ambos casos los hechos sucedidos lo fueron en un lugar bajo jurisdicción del juzgado territorial.

Aquella mañana del 6 de febrero en torno a unas 200 personas intentaron entrar en Ceuta saltando el perímetro fronterizo después de sortear a las fuerzas marroquíes, que intentaron frenar su avance a golpe de bastón. Al ver frustrada su expectativa, un grupo numeroso se dirigió a la carrera hacia la playa y se echó al mar justo junto al espigón que separa en este punto España de Marruecos y que durante gran parte del año, se puede rodear a pie.

Quince personas fallecieron aplastados o ahogados junto a la hilera de piedras y los cuerpos de cinco de ellos fueron rescatados por efectivos de la Guardia Civil en aguas españolas. Muchos llevaban flotadores de fabricación casera, otros no. Un total de 23 consiguieron llegar a nado hasta la playa española, fueron agrupados por los agentes que les estaban esperando y devueltos sobre la marcha a las fuerzas de Marruecos por una puerta de servicio de la valla, visiblemente fatigados.