La ex consejera y actual secretaria general del PP de Ceuta, Yolanda Bel, miembro igualmente desde hace un año del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva Nacional de los de Rajoy, y la secretaria general de la Asamblea, María Dolores Pastilla, han declarado en calidad de investigadas por un presunto delito de prevaricación en el marco de las diligencias que instruye el Juzgado de Instrucción número 2 por la presunta comisión de ilícitos como prevaricación y malversación y hasta cohecho en la gestión del depósito judicial de vehículos y de los automóviles que por allí pasaban.

Tres meses después de la detención en Sevilla de O.M., al que durante años se tomó por delegado de la Gerencia Territorial de la Administración de Justicia en Ceuta, y del por aquel entonces todavía gerente de Amgevicesa, Antonio Díaz, el caso ha dado un acelerón durante los últimos días. La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha revocado la prisión provisional del funcionario con retirada del pasaporte y obligación de presentarse en sede judicial los lunes y jueves.

En paralelo, siempre según fuentes judiciales, se ha levantado el secreto de sumario que pesaba sobre las diligencias, que tratan de esclarecer entre otras cosas la presunta comisión de delitos de cohecho y prevaricación por parte de O.M., que “en base a las declaraciones de un coinvestigado, testigos y a la documentación aportada por la Guardia Civil”, recibió “en dos ocasiones” 3.000 euros, de acuerdo con alguna declaración no íntegros para él.

El meollo del asunto radica en aclarar cómo se gestionaba el depósito, si se movía dinero bajo cuerda, quién lo pagaba y recibía y si los expedientes administrativos incoados, en caso de constatarse defectuosos, adolecieron de prisa u otros 'pecados'.

Los pasos de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ceuta han llegado también al ámbito empresarial ligado a la gestión de vehículos, desde el que supuestamente se pagó dinero al funcionario; a Díaz, que el 1 de noviembre dimitió como gerente “habida cuenta su situación como investigado y con base en razones de coherencia personal”; y ahora a la ex consejera Yolanda Bel y a la secretaria general de la Asamblea, Dolores Pastilla, que han declarado como investigadas por un presunto delito de prevaricación.

Bajo investigación está cómo gestionó la Administración de Justicia y la Ciudad Autónoma el depósito judicial de vehículos y la salida de estos de Ceuta. Un primer expediente de traslado al otro lado del Estrecho de cientos de automóviles cuando la saturación fue límite se completó sin complicaciones pero el segundo levantó sospechas después de que los dueños de algunosla coches los reclamasen sin éxito ni explicación.

Bel ha sido citada como firmante del Decreto que hizo viable la operación (era consejera y presidenta del Consejo de Administración de Amgevicesa) y Pastilla, como fedataria y fuente técnica del documento, en el que el traslado y destrucción de coches se podía justificar en base a normativa de Tráfico o medioambiental.

El depósito municipal de vehículos dejó de ser en 2012 el destino de los coches requisados por orden judicial pero el caos del servicio no terminó entonces. En 2015, la Administración de Justicia alertó en una instrucción de estar viendo cómo se presentaban “sistematicamente” facturas por los distintos depositarios de vehículos a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia para su pago hubieran sido o no intervenidos judicialmente los vehículos a que hacían referencia dichas facturas.

“La mayoría de los vehículos que estaban depositados no estaban intervenidos judicialmente y paralelamente en muchos casos los depositarios presentaban de forma extemporánea sus facturas”, con lo que “ la actitud de unos y otros generaba unos costes de depósito inasumibles para cualquier gestor público que actuase con un mínimo de responsabilidad por la gestión”.

El Ministerio de Justicia negó en octubre que el principal investigado hubiese sido nunca delegado de la Gerencia Territorial de la Administración de Justicia en la ciudad autónoma y aseguró que solo había sido un “administrativo” que, además, había pedido abandonar la estructura de ese Ministerio en julio de 2017.

En los Juzgados hay abierta otra causa, en este caso previa denuncia del MDyC, por la gestión de los vehículos abandonados desde la Ciudad durante la etapa de Emilio Carreira al frente de la Consejería de Medio Ambiente, cuando se produjo un intento fallido de vaciar el depósito de Benzú.