Tras confirmarse la expulsión de las 116 personas que llegaron ayer a Ceuta, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) manifiesta su enorme preocupación ante este cambio de estrategia del Gobierno español, pese a que trate de justificarlo en el marco del acuerdo con Marruecos, reactivado recientemente tras el compromiso europeo de aumentar la financiación a este país con la condición de que frene las llegadas de personas migrantes y refugiadas.

La organización considera que este cambio de políticas pone en marcha “procedimientos acelerados” en poco más de 24 horas que impiden la detección adecuada de personas en situación de vulnerabilidad o que necesiten protección internacional. Asimismo, recuerda que a día de hoy no es posible llegar a España mediante vías legales y seguras, como visados humanitarios o la posibilidad de solicitar asilo en embajadas, consulados o acceso a la oficina de asilo en Ceuta.

CEAR también señala el creciente hostigamiento que están sufriendo las personas subsaharianas en el norte de Marruecos, con redadas policiales violentas que demuestran una vez más que no es un país seguro, ya que no garantiza el principio de no devolución ni el respeto a los derechos humanos. Al mismo tiempo, la entidad cree que esta presión de las autoridades marroquíes impide que permanezcan en este país por lo que precipitan su decisión de cruzar la frontera.

“Este nuevo enfoque es desacertado si no se garantizan fórmulas que permitan la llegada de personas de una forma ordenada y con garantías. De nuevo nos encontramos ante un enfoque basado más en el control de fronteras y en la seguridad que en las personas y sus derechos”, señala Estrella Galán, directora general de CEAR.