SU PROMOTOR, UNA INCÓGNITA

La Ciudad espera permiso judicial para demoler el 'rascacielos' del Príncipe, en el que siguen las obras

La Ciudad espera permiso judicial para demoler el 'rascacielos' del Príncipe, en el que siguen las obras
Imagen de la evolución de la torre pese a las medidas cautelares decretadas.
Imagen de la evolución de la torre pese a las medidas cautelares decretadas.  

El 'rascacielos' del Príncipe, la torre de siete plantas que desde hace más de dos años y medio se levanta en la Agrupación Norte y sigue avanzando contra y pese a todo, se ha convertido en el emblema del desafío a la disciplina urbanística de la Ciudad, que espera el ok judicial para demolerlo, previa encomienda a Tragsa presumiblemente, aunque su propietario-promotor no haya podido ser identificado formalmente todavía.

La Policía Local ha constatado durante las últimas semanas que sigue la actividad ilegal en el edificio levntado enfrente del Poblado Legionario, obras que ya se pusieron en manos de la Fiscalía y el Juzgado en 2016 pero cuyas diligencias fueron archivadas “hasta que sea habido los propietarios o responsables de la obra”, tarea en la que aún se afana la Administración, que espera poder echar abajo la torre aunque no lo consiga.

La historia de ese inmueble se retrotrae a hace casi tres años. En agosto de 2015, la Policía Local de que se había venido observando que se estaban realizando que evolucionaban con gran rapidez, primero tres plantas, al rato seis, con el tiempo siete, y de que se había intentado localizar al promotor o propietario, “siendo negativa dicha identificación”.

El Ministerio de Defensa corroboró que “como consecuencia de las inspecciones periódicas que realiza la patrulla del Servicio de Vigilancia y Control  Permanente de Parcelas del Negociado de Propiedades se ha detectado en la parcela denominada ‘Príncipe Alfonso’ una obra de mampostería consistente en la demolición de una vivienda y su posterior construcción de otra en tres plantas de mampostería, desconociéndose al responsable de las mismas”.

En septiembre de ese mismo año, la Consejería incoó un procedimiento sumario para “obras incompatibles con el Ordenamiento” y de protección de la legalidad urbanística contra una persona que negó tener relación alguna con las obras. En diciembre, la Inspección de Trabajo reclamó “máxima celeridad y urgencia en la tramitación del expediente de disciplina urbanística necesario para el derribo del edificio” mientras la Policía seguía apreciando “grandes avances durante los fines de semana”.

En enero de 2016 el Gobierno decidió dar cuenta los hechos a la Fiscalía pero en marzo las obras seguían avanzado pese a las medidas cautelares ordenadas, incluso por el Juzgado de Instrucción número 1.  “Ha sido precintada en varias ocasiones, rompiéndose el precinto en cuestión y retomando los trabajos en la zona”, alertaron los agentes. En agosto de 2016, el Juzgado decretó el sobreseimiento provisional de la causa.

En octubre de 2016, la Consejería mandó  la “inmediata” suspensión o paralización “de las obras que ilegalmente se están ejecutando” en la ‘torre’ del Príncipe Alfonso y cifró el presupuesto de demolición de las mismas en 36.464,85 euros para proceder a su ejecución en el plazo de noventa días.

Ante la “situación de la situación de grave peligro para las personas generada por la referida obra no legalizable” y “al objeto de proteger la seguridad e integridad física de las mismas” se ordenaron varias medidas cautelares más como proteger el inmueble con una red de poliamida “en todas y cada una de las fachadas del edificio”; la ejecución de una fábrica de bloque de hormigón en el acerado “para impedir el paso de los peatones bajo la vertical de la fachada principal a la calle Central” y la instalación de barandillas “en la planta séptima y castillete, ya que se encuentran sin carpintería”.

Todo ello tenía que acometerse en no más de quince días. A la Policía Local se encargó “vigilancia continuada de las mencionadas obras para garantizar la total interrupción de la actividad hasta tanto se proceda a la completa demolición de lo indebidamente ejecutado”.