RESPONSABILIDAD CIVIL

La Ciudad no recurrirá el pago de 300.000 euros a la familia del joven asesinado por un menor tutelado

La Ciudad no recurrirá el pago de 300.000 euros a la familia del joven asesinado por un menor tutelado
El Gobierno no piensa recurrir el dictamen del Juzgado de Menores por responsabilidad civil.
El Gobierno no piensa recurrir el dictamen del Juzgado de Menores por responsabilidad civil.  

El Gobierno de Ceuta no recurrirá el auto judicial que ordena a la Ciudad a pagar algo más de 294.000 euros en concepto de responsabilidad civil a la familia del joven de 19 años que fue asesinado por un menor bajo tutela de la Administración en la playa de La Ribera.

La portavoz accidental del Ejecutivo, Kissy Chandiramani, ha recordado que la Ciudad no fue condenada como responsable penal y ha valorado que el Juzgado de Menores rebajó de los más de 900.000 euros que se pedían inicialmente por resposabilidad civil a un tercio la cantidad a abonar.

El Gobierno también ha hecho una interpretación del auto según la cual se concluye que "la Ciudad atiende como debe" a los menores extranjeros no acompañados que están bajo su responsabilidad.

Lo que dice la resolución es que “resulta indiscutible que la Administración no agotó ni estableció con suficiencia medidas de vigilancia y control” para “paliar” la “peligrosidad” del autor material de homicidio y para “evitar actos agresivos que eran perfectamente previsibles teniendo en cuenta las características de conflictividad del mismo”.

También que el menor que apuñaló a la víctima “tenía una personalidad conflictiva; se mostraba irreflexivo, impulsivo y no medía las consecuencias de sus actos, habiéndosele observado reacciones de agresividad y violencia extrema ante situaciones de estrés o alta emotividad; no se responsabilizaba de sus actos e intentaba justificarlos manipulando y tergiversando los hechos, encontrándose inmerso en conductas antisociales y delictivas, siendo frecuentes las peleas y discusiones con otros menores”.

“Dichas circunstancias”, estima el auto, “deberían haber llevado a los responsables de la Institución de Protección a la adopción de las medidas de vigilancia que las mismas exigían, siendo además demostrativas del escaso control de la actividad del menor, al tiempo que ponen de manifiesto la inexistencia de un comportamiento corrector y educativo adecuado por parte de la Administración”.