Durante la última década, Nadia L. ha sido una más de las miles de mujeres marroquíes que cruzan cada día la frontera para cuidar de las casas, los hijos y los ancianos de las familias ceutíes más pudientes. Hasta el pasado 7 de octubre era una más de esas trabajadoras con las que cualquiera se cruza a primera hora de la mañana en las principales arterias del centro, sentadas en los bancos públicos esperando que empiece su jornada.

Ha sido una de esas cerca 700 'privilegiadas' que, aunque su sueldo ascendía a 8,6 euros al día (260 al mes) por estar al pie de la fregona, la escoba y el estropajo de 8.00 a 16.00 horas, están regularizadas por sus patrones, (en este caso, M.M.L.M.) con la categoría profesional de empleada de hogar al amparo del Régimen Especial que contempla la Seguridad Social para estos casos.

Hasta el 7 de octubre. Ese día, asegura que "sin explicación previa", parece que la señora de la casa, según su testimonio, decidió prescindir de ella por la tremenda. La acusó de haberle robado 50 euros y una joya y le dijo que no volviese más. De acuerdo con la versión de la marroquí, que no ha podido ser contrastada por este medio, ella se negó a abandonar la casa hasta que la Policía se personase en ella y constatase que no portaba nada de lo que se le imputaba haber hurtado. Su caso es un ejemplo de "muchos" más, cada vez más habituales, según fuentes sindicales y judiciales.

La disputa del último ejemplo terminó en una fenomenal pelotera de la que Nadia L. todavía conserva cicatrices y cardenales en los pies, los brazos y la cadera. La Policía acabó personándose en el domicilio de la contratante, ubicado en pleno centro, donde procedió al arresto de la empleada bajo la acusación de haberse apoderado de 50 euros "con ánimo de apropiárselos para sí" y de haber amenazado al matrimonio "tras ser descubierta" con ponerles "una bomba en la puerta", algo que la acusada niega.

Así consta como "hecho probado" en la sentencia dictada el 7 de octubre por la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ceuta, ante la que M.L.M. y su marido renunciaron a pedir cualquier tipo de indemnización si se imponía a su sirvienta "una orden de alejamiento respecto de ellos y de su hijo menor".

El Ministerio Fiscal propuso imponerle una multa de tres euros diarios durante un mes por una falta de hurto y otra por diez días más "por una falta de amenazas", requerimientos que aceptó la juez, que ha advertido a Nadia L. de que durante seis meses no podrá estar nunca a menos de 100 metros del matrimonio y de su hijo "ni comunicarse con ellos por cualquier medio". Además, le ha impuesto las costas procesales y ha encargado a la Policía Nacional y Local y a la Guardia Civil "que vigilen el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas" bajo la advertencia de que, en caso de no respetarlas, incurrirá en un delito de quebrantamiento de medida.

"Supongo que querían librarse de mí o pagar menos"

La marroquí ha asegurado a Ceutaldia.com, con la ayuda de una ceutí que lo ha pasado tan mal que ahora presta oídos a todos los que considera "víctimas de una injusticia" y que la conoce "desde hace muchos años", no haber robado nada. "Supongo que el matrimonio, porque ya no quería pagar por mis servicios o porque tenía una oferta más económica por el mismo trabajo, pretendía librarse de mí", elucubra.

Auxiliada como trabajadora por los Servicios Jurídicos de Comisiones Obreras, el suyo ha sido el enésimo escrito de la misma naturaleza que ha llegado al Juzgado de lo Social. En el mismo denuncia haber sido despedida verbalmente y, por tanto, de forma nula "o subsidiriamente improcedente" sin que se alegase "ningún motivo" para hacerlo.

"Cada semana estamos atendiendo varios casos con este mismo perfil", explican en términos laborales, vertiente penal al margen, desde el sindicato, donde, como la afectada, suponen que la consecuencias de la crisis económica se están dejando notar cada vez más sobre un sector que en muchos casos sigue moviéndose al margen de cualquier norma. Prescindiendo a las bravas de la empleada, los empleadores se ahorran, si el Juzgado no dictamina lo contrario, preavisar con los 20 días de antelación que exige la legislación y el abono de 7 días de salario por año trabajado que estipula.

Fuentes judiciales han asegurado a Ceutaldia.com tener conocimiento de "múltiples" procesos similares en los que se denuncia a empleadas del hogar por pequeños hurtos. "A veces da la impresión de que el propósito es deshacerse de la asalariada, aunque es imposible generalizar si se trata de denuncias falsas o reales", advierten. El número de foráneas dadas de alta ante la Seguridad Social en el Régimen Especial de Empleadas de Hogar en Ceuta apenas ha caído un 5% desde hace dos años y se mantiene en torno a 650.