TRIBUNAL DE CUENTAS

Los 17 diputados del PP en 2014 podrían tener que reintegrar 3,7 millones a la Ciudad

Los 17 diputados del PP en 2014 podrían tener que reintegrar 3,7 millones a la Ciudad
Actualmente solo quedan en el Grupo Popular cinco de los diputados que apoyaron la operación.
Actualmente solo quedan en el Grupo Popular cinco de los diputados que apoyaron la operación.  

El órgano fiscalizador ha trasladado a Fiscalía y Abogacía del Estado por "indicios de menoscabo de fondos públicos" la refinanciación bancaria de hace tres años que solo apoyaron los Populares para conseguir dos años de carencia en la devolución de créditos a pesar de generar un sobrecoste del que había alertado por escrito la Tesorería. Caballas interpelará en el próximo Pleno.

Vivas, Bel, Márquez de la Rubia, Deu, Mohamed Tonsi, Nieto, Mirchandani, Abdeselam, Román, García Castañeda, Salcedo, De Miguel, González Barceló, Cohen, Ahmed, Mohamed Dos Santos y López Fernández. Solo cinco de esos diputados, los que el 23 de enero de 2014 votaron a favor de la refinanciación de parte de la deuda de la Ciudad para ganar dos años de carencia a costa de pagarle al BBVA un total de 3,7 millones de euros más, estarán en en el próximo Pleno como electos.

Por aquel entonces Carreira solo era consejero, proponente de la iniciativa, y ahora también es diputado. Sigue el presidente, Deu, Abdeselam, Salcedo y, a punto de reincorporarse, la senadora, que junto a Francisco Cariñana ha reemplazado a Rabea Mohamed y Susana Román, dimisionarias por el 'caso Emvicesa', que además tiene a Antonio López en la cárcel.

El huracán generado por esas diligencias o la denuncia ante el TSJA de Ciudadanos sobre la percepción desde el año 2000 del presunto "pago indebido" del plus de residencia a los políticos en servicios especiales podrían no ser el mayor quebradero de cabeza y sobre todo de cartera para quienes votaron a favor de aquella operación bancaria si el Tribunal de Cuentas (TCu) constata responsabilidad contable e incoa procedimiento de reintegro por alcance al menos sobre los 17 diputados (Caballas y el PSOE votaron en contra) que apoyaron “distribuir la carga de amortización” de la deuda de la Administración refinanciando cinco préstamos contraídos con el BBVA para concertar otros dos por 10 y 13,6 millones de euros y dos años de carencia en ambos casos.

vivas adela nieto verticalEl Tribunal de Cuentas (TCu) ha encontrado “indicios de menoscabo de fondos públicos derivados de un pago excesivo de intereses con infracción, entre otras, de normas de carácter presupuestario”. Según el análisis del órgano fiscalizador, “los dos nuevos préstamos se concertaron a unos tipos de interés del 5% y del Euríbor trimestral más un 4,35%, respectivamente, muy por encima de los tipos de interés de los refinanciados, que oscilaban entre el 0,45% y el 1,73%, permaneciendo a su vez vivos otros préstamos con tipos superiores y con vencimientos a mayor plazo”. Además, a su juicio se vulneraron diversas disposiciones legales que limitaban el periodo de amortización de deudas y los planes de saneamiento de la institución.

Caballas interpelará en el próximo Pleno por “la situación actual de este expediente en cada uno de los ámbitos en los que se esté tratando, así como las actuaciones y explicaciones que el Gobierno tenga previsto ofrecer”. “En aquella Sesión Plenaria”, recuerda la coalición en su iniciativa parlamentaria, "criticamos muy duramente ["esos 3,7 millones de euros los vamos a trasvasar a la cuenta de explotación de la banca que desahucia a la gente humilde", llegó a decir Aróstegui] una operación que carecía de una justificación convincente pero el Gobierno se empeñó en cerrarla y recientemente hemos tenido conocimiento de que el TCu ha remitido este expediente a la Fiscalía especial y al Abogado del Estado, e incluso parece ser que a la Fiscalía ordinaria, toda vez que además del importante sobrecoste ha detectado que se omitió, sin justificación, el pertinente procedimiento de licitación pública”.

Hace poco más de un mes, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas atendió la petición del Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado para remitirles documentación al objeto de “exigir las responsabilidades contables” que se desprendan. No es, ni mucho menos, un caso único: en 2015, el TCu levantó acta de liquidación por un total de 63 millones de euros sobre 391 procedimientos de responsabilidad contable por gastos indebidos, desde por fijar alquileres a precios inferiores a los marcados por los técnicos hasta por hacer contrataciones sin seguir el concurso de méritos que exigía la convocatoria.

En esta operación una frase marca, a juicio de algunos especialistas, la diferencia con respecto a otros: en su informe previo a la aprobación de la operación, el tesorero accidental de la Ciudad alertó de que “el sobrecoste que supone para esta Administración es de 3,72 millones en términos estimativos conforme a los cálculos realizados por Intervención”. Con esa sirena desatendida sobre la mesa, diversas fuentes estiman que se trata de un caso “de libro” de responsabilidad contable y reintegro por alcance para quienes la secundaron (sin entrar en si hubo delito o no).  

Según los expertos, la mera producción de un daño o menoscabo no es causa suficiente de responsabilidad contable: hace falta que el responsable haya previsto y aceptado el perjuicio o que, al menos, haya existido culpa grave, “esto es, que no haya previsto o evitado el daño cuando podía haberlo hecho”. La jurisprudencia ha reducido a cuatro los grados de culpa: de la levísima o leve (alejándose de lo que haría alguien muy prudente) no se deriva responsabilidad pero sí de la grave (no haber observado precauciones básicas) o gravísima, que se produce en “la omisión de las más elementales normas de prudencia que cualquier persona diligente hubiera observado”.