La docente del Colegio San Agustín para la que la Fiscalía solicita un total de tres años de cárcel por dos presuntos delitos contra la integridad moral y de maltrato con agravante de superioridad está citada este miércoles en los Juzgados de Ceuta para la vista oral que verá su presunto quebrantamiento de la orden de alejamiento impuesta en septiembre que le vetaba compartir espacios con varios alumnos, los siete (no todos siguen escolarizados en ese centro) supuestamente dañados por su actuación.

Inicialmente a la maestra, A.G.R., se le prohibió aproximarse a menos de cien metros de los domicilios de los menores, a su centro escolar o a “cualquier otro lugar donde se encuentren”. También se le vetó comunicarse con ellos “directa o indirectamente, por cualquier medio de comunicación o informático o telemático, contacto escrito o visual con apercibimiento expreso de que el incumplimiento de esta medida podría aparejarle incurrir en responsabilidad criminal.

Con sus recursos logró que las medidas cautelares, que a su juicio en su versión inicial casi suponían expulsarla de la ciudad y de su sociedad, se cambiasen. Entonces se le prohibió acceder a las aulas, lugares o espacios del Colegio San Agustín donde se encontrase cualquiera de los menores afectados. Una de las familias implicadas en la causa original denunció que la docente no solo coincidía con alguno de los niños en el patio y otros espacios del centro, sino también en los horarios de entrada y salida.

Las diligencias principales, que llegarán a juicio en octubre, tratan de esclarecer la supuesta comisión de “tratos degradantes”, en concreto presuntos “maltratos físicos y psicológicos”, a varios niños de 3 años. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, “desde el inicio” del año académico 2014-2015 la docente, A.G.R., “valiéndose de su posición y con intención de atentar contra la integridad de los alumnos, era habitual que sometiera a menores de tres años a castigos severos y humillaciones que afectaban a su normal desarrollo”. “El comportamiento de la acusada con sus alumnos excedía de su derecho de corrección, atentando contra la dignidad personal de los menores”, precisa.

El auto de apertura de juicio oralha declarado “la responsabilidad civil directa y solidaria de la acusada y del colegio y subsidiaria de la aseguradora” y ha requerido a los dos primeros una fianza de 50.000 euros.

"Indicadores compatibles con maltrato físico y psicológico"

La Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI) de Ceuta hizo un informe psicológico en el que concluyó que “se aprecian indicadores compatibles con una situación de maltrato físico y psicológico, siendo el relato de los menores congruente con experiencias vividas de manera habitual”. “De los relatos de algunos de los menores se desprende que han vivenciado castigos físicos y humillantes en la escuela”, señaló el análisis del equipo de especialistas de la Administración de Justicia, que explica que aunque la acusada solo reconoció haber metido a un niño en papelera “una vez” y la “inmovilización” en un carrito de bebé, en sus declaraciones “se aprecia cómo percibe a los menores de manera negativa, tratando como problemas de disciplina los comportamientos propios de etapa psicoevolutiva y las características particulares de cada uno (hipoacusia, síntomas de hiperactividad y déficit de atención”.

A renglón seguido, consideró que “la puntualidad de los hechos que relata [la maestra] no concuerda con el relato de los menores, que lo cuentan de tal manera que parecen corresponder a experiencias vividas de manera habitual dentro del aula”. “De las declaraciones del Equipo Directivo se aprecia que eran conocedores del castigo de la papelera”, añadió.

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