JUZGADO

Esperan un informe pericial que tase los daños causados por los okupas en las viviendas de Huerta Téllez

Esperan un informe pericial que tase los daños causados por los okupas en las viviendas de Huerta Téllez
El desalojo de las viviendas se materializó el 19 de octubre por orden judicial.
El desalojo de las viviendas se materializó el 19 de octubre por orden judicial.  

Casi medio año después del episodio febril okupa que agitó durante tres semanas en Huerta Téllez y varias noches en la zona centro, las diligencias abiertas a finales del año pasado sobre las decenas de personas que asaltaron la promoción de más de 200 viviendas vacías de la barrida de la periferia están actualmente “pendientes de una pericial de tasación de los daños causados”, según han explicado fuentes judiciales.

Las Diligencias Previas 437/17 incoadas en el Juzgado de Instrucción  número 3 mantienen como investigadas a al menos 65 personas por un presunto delito de usurpación.

El Código Penal prevé prisión de uno a dos años para quienes, “con violencia o intimidación en las personas, ocupare una cosa inmueble”. La pena se rebaja a multa de entre 3 y 6 meses por ocupar “sin autorización debida”, un inmueble, vivienda o edificio ajenos “que no constituyan morada” o por mantenerse en ellos “contra la voluntad de su titular”.

Decenas de personas asaltaron durante la madrugada del último lunes de septiembre la promoción de viviendas protegidas de Huerta Téllez que lleva años vacía en un laberinto administrativo que no ha permitido su entrega cuando inicialmente estaba prevista la finalización de las obras, en 2010.

Casi un mes después, la Justicia ordenó “la restitución a ‘Vial Inmuebles’ y demás titulares en legítima posesión” de las casas dejando la promoción “vacua y expedita, si fuera preciso, con desalojo de sus ocupantes”. A la Policía Nacional se le ordenó “identificar” a los ocupantes de las viviendas utilizando, “sólo si fuera precisa, la fuerza mínima imprescindible” para el acceso a las casas. Los bloques permanecen tapiados desde entonces.

El juez también libró un oficio a los Servicios Sociales de la Ciudad “dando cuenta de la situación de desvalimiento y desamparo en que se podrían quedar los ocupantes de las citadas viviendas a consecuencia del desalojo ordenado”. El auto estimó que, para el desalojo cautelar, se daba el principio de legalidad pues la Policía había dado cuenta minuciosa en su informe de cómo en plena noche se había dado aviso de la ocupación de diversos pisos en la promoción de Huerta Téllez “y de cómo se había cambiado el candado de la entrada”.

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) es “acreedora de la promotora de las viviendas, ‘Vial Inmuebles’, una filial de ‘Dolmen Consulting Inmobiliario’, que a su vez entró en administración concursal en 2012”. “Desde 2015” espera que la Administración Concursal promueva un concurso o subasta para desbloquear la situación con la “obligación” de recuperar “el máximo” del préstamo adquirido por obligación legal.